La situación de la universidad pública madrileña

Los escasos meses –cuatro-que han constituido la más corta de nuestras legislaturas han servido para dejar perfectamente claro, que en lo referente a la enseñanza universitaria, no ha cambiado nada y si se ha producido alguna modificación ha sido para empeorar. En Madrid, con la Sra. Cifuentes al frente de la Comunidad y con un  gobierno en funciones en el país, hay novedades. La trascendencia estriba en que desde hace tiempo es conocido el carácter que tiene esta comunidad de laboratorio experimental de lo que el PP quiere poner en marcha en el resto de las comunidades, de forma que lo que se implanta en Madrid termina exportandose al resto del país.

Parece ser que los dirigentes del PP han considerado que ha llegado el momento idóneo para dar su gran impulso al concepto de Universidad que han defendido desde siempre. Ante la posibilidad de que en breve plazo tengan que abandonar el poder, consideran conveniente dejar “atado y bien atado” todo lo que sea posible, y procurar hacerlo de tal manera que sea extraordinariamente complicado revertir sus medidas legislativas.

Cristina Cifuentes tiene ya muy adelantado el proyecto de una ley de Universidades que eufemísticamente se llamará ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, y que supondrá un elemento clave en la progresiva privatización de la Universidad Pública. Se articula sobre la puesta en marcha un nuevo sistema de financiación “con una financiación básica ligada fundamentalmente a la docencia y a los estudiantes y otra, por objetivos, en función de los resultados de cada universidad, tanto en docencia como en investigación, o transferencia de conocimiento”.

Para tan importante tarea una vez más la CAM ha contado con la inapreciable colaboración de la CRUMA. Los rectores de las Universidades madrileñas -recientemente condecorados por la Presidenta- colaboran en el proyecto, pero se cuidan de dar la menor información a la comunidad universitaria. La opacidad es absoluta. Y la conveniencia de esa opacidad es compartida –y ejercida- tanto por CAM como por la CRUMA.

Siguiendo el camino que inauguró la UPM,-que condujo a que el antiguo Rector Conde perdiera recientemente las elecciones- Carlos Andradas, se apresta a preparar el camino que haga más fácil y rápida la tarea de Cifuentes. Dos son los temas estrella de la aportación del Rector de la UCM. De una parte el proyecto de colaboración con las empresas. Propuesta que se hace mientras, en la Universidad se continúa con la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los causantes-colaboradores de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría de la población.

A la Universidad se la estrangula económicamente, con drásticos recortes en la financiación, se la fuerza a emprender el camino de la competencia económica, y se consigue volverla dependiente de grandes empresas y grupos financieros. Sumándose a la externalización de los servicios, ahora se aprueba que las empresas –previo pago de un mínimo de 30.000 € – puedan asegurarse la creación de una cátedra, en la que decidirán el programa, el profesorado, y- en algunos casos- el director.

No resulta muy difícil concluir que, en muy escasos años, la Universidad estará prioritariamente al servicio de las empresas, investigará-con personal universitario- lo que convenga a las empresas, y habrá incorporado al profesorado a miembros relevantes de su staff, asestando adicionalmente un nuevo golpe mortal al profesorado precario y mal pagado que soporta la mayor parte del peso de la enseñanza.

El segundo de los temas estrella es la reestructuración de los Departamentos UCM con el  que se pretende dejar en menos del 40 % el número actual de los mismos.

Mientras, de la Universidad Pública se está expulsando sistemáticamente a profesores, estudiantes y PAS.  En total, los campus madrileños han perdido en los últimos tres cursos a 1.243 docentes e investigadores (PDI) —un 7,2% del total (17.000)—, según la evolución que recoge la Estadística de personal de las universidades 2013 /2014, que elabora el Ministerio de Educación. Además, se redujo en un 5,7% (504 personas) el personal de administración y servicios (PAS), y las subidas de tasas y disminución de las becas se han traducido en la expulsión de cerca de 45.000 estudiantes.

El verdadero problema es que tanto la financiación privada como la reestructuración de departamentos, es parte de un plan que pretende -a corto plazo- fundamentalmente consolidar y justificar los recortes y despidos ya hechos. Además,  pretende iniciar y justificar los NUEVOS RECORTES que se avecinan en breve, el programa de estabilidad 2016-2019 que Rajoy ha pactado con la CEE, supone unos  12.000 millones de euros en este periodo en Educación.

Además «denunciando» el despilfarro, se justifican más recortes, y se mantiene que una Universidad en esas condiciones no puede, ni debe, ser gravosa para la sociedad española. Es decir que tiene que ir disminuyendo- hasta que desaparezca- la financiación pública.

Como deciamos en el anterior comunicado: en nuestras manos está que esto no ocurra. O ponemos inmediatamente los medios para impedir que la Universidad Pública se convierta en un negocio, o no tendrá sentido quejarnos depués de lo que suceda.

CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)