Aseguran los negociadores de Ciudadanos que una de las cuestiones que más trabajo costó arrancar al PP para el pacto de investidura fue el compromiso de Mariano Rajoy de revisar la amnistía fiscal del 2012 para hacer pagar más a los defraudadores que se acogieron a ella. Las dificultades se mantuvieron hasta que los negociadores del PP comprendieron que, al fin y al cabo, la medida tenía muchísimas posibilidades de nacer prácticamente muerta o de que quedar convertida en papel mojado muy pronto.
El plazo para la presentación de la “declaración tributaria especial” (DTE) –que fue el nombre que eligió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para evitar la expresión “amnistía fiscal”– quedó establecido entre el 4 de junio y el 30 de noviembre del 2012. En consecuencia, el 30 de noviembre del 2016 prescribe esta declaración, una vez transcurridos cuatro años desde que finalizó el plazo de declaración. Después de ese día no se podrá pedir cuentas a ningún contribuyente por esa declaración.
LAS TRAMPAS DEL CALENDARIO
Solo si Rajoy resultara investido como presidente el 2 de septiembre —una cuestión en la que ni él mismo confía— habría posibilidades reales de forzar a su Gobierno a cumplir el compromiso con el que Ciudadanos pretende hacer pagar a los defraudares que se acogieron a la amnistía fiscal el 10% que estableció la ley sobre todo el patrimonio aflorado (no solo sobre el no prescrito) y no el 3% de gravamen medio que resultó finalmente.
Si la investidura de Rajoy no se produce el 2 de septiembre, el pacto con C’s decae. Y, aunque no fuera así, a medida que una hipotética investidura se retrase, se reducen las posibilidades de cumplir este compromiso, que sería definitivamente imposible de abordar si se va a unas terceras elecciones, el 25 de diciembre.
Incluso si la investidura de Rajoy saliera adelante en un hipotético segundo intento en octubre(tras las elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre) habría serias dificultades para sacar adelante una medida en la que el PP no cree.
PROCESO DE NOTIFICACIONES
Para evitar que la DTE prescriba el 30 de noviembre, cada uno de los 31.484 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal deberían recibir una notificación de comprobación antes de esa fecha. Antes de eso, la Dirección General de Tributos debería emitir una instrucción cambiando el criterio que le llevó a levantar la mano en julio del 2012, cuando se veía que la amnistía no tenía éxito entre los defraudadores.
Aun contando con la voluntad de la administración de acelerar el procedimiento de las notificaciones, este podría extenderse a lo largo de cuatro o cinco semanas como mínimo, según expertos en trámites tributarios. Y si tal voluntad no es demasiado intensa, el proceso podría demorarse meses y meses, con lo que se llegaría tarde.
DUDAS JURÍDICAS
A las trampas del calendario se suman las dificultades jurídicas sobre la interpretación de las normas (ley y orden ministerial) y las instrucciones que regularon la amnistía fiscal. Una hipotética revisión de aquellas declaraciones tributarias provocaría con toda seguridad un aluvión de recursos judiciales de resultado incierto.
LOS DATOS
Según los datos de Hacienda, la polémica amnistía fiscal del 2012 permitió aflorar patrimonio por unos40.000 millones. Sin embargo, solo se pagó el peaje del 10% por una parte muy pequeña de este patrimonio (unos 12.000 millones, que no habían prescrito), lo que reportó a Hacienda unos ingresos de apenas 1.191 millones (por debajo de los 2.500 millones esperados).
Esos 1.191 millones representan solo el 3% de la cantidad total aflorada (40.000 millones). La organización Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) siempre consideró que el tipo del 10% debía haberse aplicado sobre todo el patrimonio aflorado (prescrito o no), estimando que Hacienda había renunciado a ingresar 2.800 millones.
El actual diputado de C’s Francisco de La Torre formaba parte entonces de la organización IHE y ha impulsado que la recuperación de aquellos 2.800 millones forme parte de los compromisos arrancados a Rajoy en el pacto de investidura firmado por PP y C’s este domingo (también se incluyó en el fallido pacto de gobierno con el PSOE).
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/amnistia-fiscal-prescribe-treinta-noviembre-5349910
La paralización de la LOMCE acordada por PP y Ciudadanos es imposible
La gran renuncia del PP en el pacto de investidura no es tal, ya que se ha acordado frenar la LOMCE donde “no haya entrado en vigor”, algo imposible porque todo ha entrado en vigor
El decreto que regula las reválidas, la medida más polémica de la ley, está vigente desde el 31 de julio, aunque estas se celebren a final de curso
La otra gran pata pendiente, ampliar la LOMCE a 2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, también está lista y arranca en diez días
El acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos por el que se paralizará el calendario de aplicación de la LOMCE no tendrá efectos prácticos. El texto firmado por ambas formaciones explica que “se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor” mientras se intenta alcanzar un pacto educativo.
Con esta línea, el PP parecía recular con su polémica ley educativa. Pero en realidad ni está renunciando a nada ni Ciudadanos le ha arrancado ningún compromiso concreto, más allá de que a ambos les haya servido para vender estos logros.
Esto es así porque la LOMCE, con todos sus aspectos centrales, están ya en vigor. No queda nada por paralizar. Quedan por llegar al aula principalmente dos medidas: las reválidas de la ESO y Bachillerato y que la ley alcance a 2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.
Aunque estas medidas no se hayan ejecutado todavía porque no ha llegado su tiempo (será este curso), los decretos que las regulan sí están en vigor, por lo que no se ven afectadas por el acuerdo, tal y como confirman también fuentes del PP.
“ Ese punto del texto [pág 27, punto 78] parece claro“, explica un portavoz del partido a este diario. “[Afecta a] las medidas que no hubiesen entrado en vigor. Si las reválidas tal y como están han entrado en vigor, se harán”, añade.
¿Se considera en vigor una medida que no se ha ejecutado aún? El Real Decreto que las regula es bastante claro: “La disposición final sexta establece la entrada en vigor del real decreto al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. Esto es, están en vigor desde el 31 de julio aunque haya que esperar hasta el final de curso, en junio, para que se celebren.
Para que las reválidas no se lleven a cabo, habría que regularlo específicamente vía decreto. Si nadie hace nada, se harán en junio.
“La redacción está igual que en el pacto que se alcanzó con el PSOE en la anterior legislatura, en diciembre”, admite el diputado de Ciudadanos Toni Roldán. “Pero es cierto que entonces se aplicaba para este curso que empieza” (aún había tiempo), y sin embargo ahora “es imposible de parar”.
La idea más bien, explica Roldán, “es que haya un deadline (fecha límite) para que se haga un pacto educativo y hasta entonces no se siga avanzando”.
Cierto es que este primer año las pruebas no tendrán efectos académicos ( en las siguientes convocatorias quien suspenda no obtendrá el título de ESO o Bachillerato) por lo que el Gobierno tendría tiempo para realizar cambios, pero cualquier modificación del sistema sería complicada porque no se pueden derogar sin más.
Derogar el decreto
Aunque el Ejecutivo quisiera, lo cual es poco probable, eliminar las reválidas, no es posible tal y como está establecida la ley. El decreto que las regula ordena al Ministerio de Educación redactar cada curso una orden ministerial para determinar cómo serán las reválidas (el diseño y contenido de las pruebas). “No pueden no hacer la orden sin más, tendrían que derogar el real decreto”, explica Montse Ros, responsable de políticas educativas de CCOO.
Y la LOMCE ha suprimido las PAU (la selectividad), por lo que las reválidas se han convertido en la prueba que regula el acceso a la universidad y su supresión generaría un nuevo problema porque hace falta algún tipo de criba para ordenar a los alumnos por las diferentes carreras.
Este diario ha preguntado al respecto también al Ministerio de Educación qué queda por implementar de la LOMCE, pero todavía no ha habido respuesta.
El otro gran aspecto, implantar la LOMCE en los cursos pares de la ESO y el Bachillerato, llega este curso, a partir del 8 de septiembre, y nadie se plantea que no se vaya a realizar. Los cursos están estructurados ya acorde a los nuevos currículos y los colegios organizados, según estas necesidades.
Aparte de estos dos aspectos, la LOMCE está a pleno rendimiento, por lo que no queda nada por paralizar. Las reválidas de 6º de Primaria ya se han realizado este año (con reticencias de algunas comunidades autónomas), la distribución de asignaturas por cursos, los currículos, qué materias cuentan para la nota media, etc., está todo más que asentado.
Si acaso quedarían, apunta Miguel Recio, director de un instituto madrileño, “algunos artículos que hablaban de ampliar la FP Dual”. Pero el propio acuerdo entre el PP y C’s habla de “aumentar los recursos destinados a los ciclos de grado medio de FP y seguir impulsando la FP Dual”, por lo que parece poco probable que se avance por esta vía.
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