Debemos preguntarnos cómo es que, durante toda la llamada crisis, las únicas políticas no cuestionadas, e incluso ampliadas, han sido las relacionadas con el matrimonio y la maternidad. En el IRPF se han introducido nuevas desgravaciones familiares y se ha mantenido la tributación conjunta de los matrimonios (eso sí, evitando en todo momento nombrarla); en las leyes de rebaja de las pensiones se han introducido compensaciones por maternidad; se ha alargado hasta los 12 años de la criatura el derecho a reducción de jornada; y así sucesivamente.
Sin embargo, el presupuesto para los servicios públicos se ha reducido; el legislado aumento en 2 semanas del permiso de paternidad sigue congelado; y las reformas laborales han aumentado la “flexibilidad en el empleo”. Así, tenemos una mano de obra en general cada vez más precaria, con más disponibilidad para la empresa, y una mano de obra femenina que es invitada a descolgarse del empleo cuando hay alguien a quien cuidar.
Para ello se ofrecen a las mujeres incentivos y promesas de futuro, pero no ingresos suficientes. Las prestaciones para el cuidado son misérrimas y no generan derecho a prestaciones de desempleo. Y, por supuesto, no se les ofrece la posibilidad de compatibilizar empleo de calidad con maternidad.
También se han reducido los recursos para paliar las consecuencias de este modelo desigual, que ya eran escasos. Muchas mujeres mayores siguen teniendo que malvivir con una pensión no contributiva de 368 euros, sin que nadie se acuerde de que en su día se les ofrecieron “facilidades” que terminaron costándoles su empleo. Los servicios de atención a las víctimas de violencia de género están cada vez más desbordados y con menos medios. Poco o nada se les ofrece a las que quieren abandonar su situación de dependencia económica, que ya es una situación violenta en sí misma.
En este contexto, Ciudadanos nos propone una “extensión de los permisos de maternidad y paternidad… en 8 semanas respecto a las 18 semanas actuales, con lo que ambos progenitores pasarían a tener 8 semanas iguales e intransferibles cada uno y otras 10 semanas que podrán ser compartidas entre ambos”.
Ciudadanos defiende esta medida, según dónde se encuentre, como necesaria para aumentar la natalidad, para la conciliación, para la corresponsabilidad, para ayudar a las familias, para incorporar a las mujeres al empleo… Su ambigüedad camaleónica en los fines y en el lenguaje ha llevado a algunos medios a interpretar que se trata de “aumentar el permiso de maternidad a 24 semanas”. ¿Se trata de eso? Ya veremos.
La propuesta, tal y como está ahora, contiene dos trampas que podrían darle la apariencia de igualitaria y favorecedora de la libertad de elección de las personas, cuando en realidad es todo lo contrario. La primera trampa consiste en usar la fórmula “iguales e intransferibles”, introducida en España y defendida durante los 11 últimos años por la PPIINA. Así, Ciudadanos aparenta estar de acuerdo con ese principio de elemental justicia: que los permisos sean iguales en duración para cada persona progenitora, y que sean intransferibles como todos los demás derechos sociales. Pero lo desvirtúa añadiendo, como si de una propina se tratara, esas 10 semanas “de libre distribución”.
La segunda trampa es, precisamente, llamar a las 10 semanas transferibles “de libre distribución”. Sin embargo, se trata justamente de lo contrario a la libertad de elegir, puesto que siempre, siempre, esos permisos transferibles (independientemente de las trampas lingüísticas) se concretan en que las mujeres se ven presionadas a tomárselos, y los hombres a no tomárselos.
Esta tergiversación de los términos no debe confundirnos: si Ciudadanos quisiera que los permisos fueran iguales e intransferibles, impulsaría la propuesta de la PPIINA, que se concreta simplemente en aumentar el permiso de paternidad de las actuales 2 semanas a las 16 que tiene el de maternidad, y hacer intransferibles esas 16 semanas para cada persona progenitora.
Con todas estas tácticas, Ciudadanos pretende ocultar que su reforma establecería un sistema desigual, donde la gran mayoría de las madres se tomarían 18 semanas, y la mayoría de los padres se tomarían 8 semanas. Eso si no cambian detalles que podrían conducir a que los hombres no se tomaran ni siquiera sus 8 semanas intransferibles. Estos detalles pueden ser, entre otros: rebaja en la remuneración, ampliación del plazo en el que se puedan disfrutar hasta varios años, o incluso reducción de la duración a posteriori. También se puede alargar sustancialmente el periodo transferible. Todos estos trucos se han utilizado en otros países para conseguir un sistema en el que las madres se quedan en casa más de un año, y los padres unas semanas a lo sumo.
Pero ahora no se trata de todo eso, que vendrá después. Ahora es cuestión de colar una reforma que consolide los permisos transferibles, y para ello debe tener apariencia de igualdad y ser “generosa”. Los permisos transferibles son la forma ideal de desplazar la responsabilidad. Mientras que ahora la culpa del comportamiento desigual es claramente del sistema discriminatorio (2 semanas frente a 16), con esa reforma se conseguiría aparentar que las mujeres se tomarían todo lo transferible porque querrían acapararlo o, a lo sumo, porque los hombres se resisten a tomarlo. O sea que la culpa sería nuestra y no de los poderes públicos que, pobres, hacen lo que pueden. Esa es la falacia de la llamada “libertad de elección familiar”: una manera de convertir la discriminación explícita en implícita para que no se mueva nada.
Muchas personas se verán con el corazón partido entre su aspiración de igualdad y la tentación de aceptar una propuesta que, al fin y al cabo, le da más tiempo a la madre. Nos han enseñado a considerar como “protección de las mujeres” esas medidas que en realidad lo que hacen es desprotegernos y mantener un sistema socialmente injusto e insostenible.
Al igual que la reforma que propone la PPIINA es emblemática de una sociedad en igualdad, la reforma de Ciudadanos sería la forma de desactivar esa aspiración, muy coherentemente con la orientación de este partido en todo lo relativo a la igualdad/desigualad social y de género. Sin embargo, hay alternativa. Este país puede cambiar. Es posible otro modelo de política social, otra organización de los cuidados. Este es el momento de tomar partido.
María Pazos Morán
Jefa de Estudios de Investigación. Instituto de Estudios Fiscales. Integrante de la PPIINA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción)
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