PENSIONISTAS TOMAN LAS CALLES EN TODO EL ESTADO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES

Convocada a pulmón Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, una plataforma constituida por colectivos de pensionistas de todo el Estado este martes tuvo lugar una importante jornada de manifestaciones en todo el Estado en defensa de las pensiones públicas.

El hashtag #20DYoVoy se extendió hoy en las redes sociales, dando cuenta de una jornada de lucha de las y los pensionistas que se hizo sentir en varias comunidades del Estado, desde Madrid, pasando por Barcelona, Sevilla, Murcia, Gijón, Valencia, Vigo, Córdoba, Castellón, Tenerife, Mallorca, Asturias y otras ciudades.

En Madrid, donde tuvo lugar una de las manifestaciones más concurridas, más de mil personas se movilizaron con pancartas de la Coordinadora, así como de la Plataforma Salvemos las Pensiones, el colectivo de los Yayoflautas, Mayores en Lucha y las Marchas de la Dignidad, entre otras organizaciones participantes.

Casi uno de cada cinco habitantes de Madrid es pensionista, un colectivo de 582.344 personas que cobran una pensión contributiva (13.205 más que en 2013) y suponen ya el 18,5% de la población.

Junto con sus reclamos, han exigido la dimisión de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, por dañar las pensiones. Por la mañana, la ministra se había reunido con los representantes de UGT y CCOO, junto a la patronal de la CEOE y Cepyme, para dejar claro que “a día de hoy” no hay posibilidad de negociar una subida de pensiones superior a la propuesta por el Gobierno, que será del 0,25% a partir de 2017, en el marco de diálogo social. Un nuevo oprobio contra los millones de pensionistas aceptado mansamente por la burocracia sindical.

“La situación que atraviesan millones de pensionistas es crítica, sus condiciones de vida y las pensiones de miseria que reciben más de 6 millones de personas les llevan a una subsistencia incompatible con la vida, como ha sucedido en Reus. 7.000 personas fallecen al año víctimas de la pobreza energética, la mayoría de ellos pensionistas, que son maltratados sus últimos días por políticas de gobiernos insensibles que solo favorecen los beneficios de las grandes eléctricas. Gobiernos que ponen los derechos a la vida en manos de empresas privadas que han subido el precio de la luz el 55% los últimos 4 años. Precios que son aprobados con el visto bueno de los Consejos de Administración nutridos de políticos de puertas giratorias”, denunciaba el Comunicado de convocatoria de la Coordinadora.

Desde la coordinadora denuncian que las reformas del 2011 por parte del PSOE, (que aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, la cotización mínima de los 15 a 25 años y la base reguladora de los 35 a 37 años) se sumaron a la reforma del PP, condenado a millones de pensionistas “a una vida de sufrimiento y miseria”.

Al mismo tiempo, apuntan que las reformas laborales del PP-PSOE “han creado una contratación basura que no permite una vida digna de los jóvenes y trabajadores”. Precarizando y degradando el empleo y el salario, las reformas laborales “han contribuido al déficit de la Seguridad Social y consiguiente imposibilidad de mantener los ingresos necesarios para el pago de las pensiones”, aseguran.

Por ello entre sus principales reivindicaciones se encuentra que “las pensiones se contemplen en los Presupuestos Generales del Estado como un gasto más, sin eliminar cuotas de trabajo, más bien recuperándolas y con las cotizaciones recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, una medida elemental frente al vaciamiento que el gobierno está haciendo de la hucha de las pensiones, de la que ya ha sacado otros 9.500 millones para pagar las pensiones de diciembre y la paga extra de Navidad.

También exigen que se reimplante un “modelo de revalorización automática de las pensiones en relación a un IPC real”, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo empezando por recuperar el 1,9 perdido en 2012.

Entre otras demandas, las y los pensionistas agrupados en la Coordinadora también exigen: restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, como primer paso para llevarla a los 60, una pensión mínima de 1080 Euros, la desaparición de la brecha de género en las pensiones, la eliminación de todo tipo de copago, el restablecimiento de los derechos sanitarios y la garantía de los servicios básicos como energía, agua y transporte, mientras se oponen a la privatización de todos los servicios públicos y muy especialmente a los que atienden a las personas mayores.

Por todas estas razones, la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones tomó las calles este 20 de diciembre, para exigir sus derechos “arrebatados los últimos años” y pedir “responsabilidades a los culpables de las muertes provocadas por la pobreza económica y energética”, un crimen social del que son responsables tanto las empresas eléctricas como el Estado.

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