«Esther L. Palomera no cae bien en La Moncloa». Era el titular de un breve artículo aparecido en febrero de 2014 en una página web de escasa difusión pero muy cercana al PP, el tipo de medio digital donde aparecen comentarios de fuentes anónimas para enviar mensajes a medios de comunicación o empresas. La razón de ese enfado eran los comentarios en tertulias televisivas y radiofónicas de la periodista sobre la corrupción en el PP, no sus artículos en el periódico La Razón, donde trabajaba desde hace tiempo.
La última frase del artículo era el aviso definitivo: «En definitiva, en el Gobierno consideran que son demasiadas las críticas que reciben de la periodista». Tradúzcase «demasiadas» por: hasta aquí hemos llegado. El origen de esos comentarios también aparecía en el texto: la Secretaría de Estado de Comunicación. Más que una noticia, era un veredicto.
Las relaciones de Palomera, subdirectora en el periódico, con su jefe, Francisco Marhuenda, ya eran entonces muy difíciles. La periodista se puso en contacto con la entonces presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, para solicitar algún tipo de apoyo de la organización ante lo que suponía que se le venía encima. La respuesta que recibió es que no era posible intervenir sobre ese artículo, porque se trataba de un asunto de libertad de expresión.
Palomera fue despedida poco más de un mes después. Madrid es uno de esos sitios donde la «libertad de expresión» ejercida por el Gobierno acaba con periodistas represaliados.
El ataque de la APM a Podemos por las denuncias de varios periodistas que cubren la información del partido ha sido cuestionado por distintas razones. La más importante: los periodistas que se arriesgan de verdad son los que escriben lo que molesta a los que están en posiciones de poder político (los gobiernos) o de poder económico (las empresas). No es que los partidos respeten mucho a los periodistas cuando están en la oposición, pero es indudable que sus dentelladas son menos peligrosas.
Los ataques personales en las redes sociales son una realidad tan censurable como difícil de evitar, y hay pocos periodistas que no los reciben. Perder el empleo es un precio mucho más alto.
Veamos esta lista –no exhaustiva y por tanto incompleta– de las consecuencias de las presiones políticas en España en los últimos años que no provocaron reacciones tan rotundas en la APM como lo ocurrido con Podemos.
«Nunca he tenido presiones tan fuertes como las de Aguirre», dijo José Antonio Zarzalejos. El director de ABC se negó a poner al periódico al servicio de los intereses personales de Esperanza Aguirre ni suscribir la teoría de la conspiración del 11M. Fue destituido un mes antes de las elecciones de 2008. En una entrevista, dijo que preguntó por las razones del relevo. «Porque queremos hacer nosotros las elecciones», le dijeron. «No me quisieron ahí sobre todo en la fase poselectoral, porque el asalto al liderazgo del PP por parte de Esperanza Aguirre era una hipótesis verosímil y sabían que ABC conmigo en la dirección no iba a favorecerlo», añade.
Germán Yanke, presentador del informativo nocturno de Telemadrid, entrevistó en septiembre de 2006 a Aguirre por sus posibles aspiraciones a competir por el liderazgo del PP. « No me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista porque es absolutamente falso», le respondió, lo que inició un intercambio áspero de frases entre ambos. Un mes después, Yanke tuvo que dimitir alegando «intromisión por motivos políticos en su trabajo cotidiano».
Como subdirector general de Información, Luis Fernández fue el máximo responsable de los informativos de Telecinco en los años del primer mandato de Aznar. Las presiones del Gobierno a la empresa terminaron por forzar su destitución en septiembre de 2000. Vocento, que como segundo accionista de la cadena se ocupaba de la gestión de los informativos, llevaba tiempo interesada en obtener dos licencias de radio digital, lo que no había conseguido en el concurso de licencias concedidas en el marzo anterior. Tuvo que esperar a la destitución de Fernández para ser agraciada en un concurso posterior. Eso no impidió que continuaran las presiones.
Tras varias llamadas al orden de Telecinco para que cambiara su estilo agresivo y crítico en Las Mañanas de Cuatro, la empresa decidió destituir a Jesús Cintora. E l consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, había reclamado sin éxito a Cintora que fuera «menos opinativo». Diversos cargos del PP habían expresado en público y en privado su incomodidad con los contenidos del programa. Le acusaban de ser cercano a Podemos. Diez días antes del cese, las presiones aumentaron por la decisión de Cintora de incluir una foto del ministro de Exteriores Margallo en una corrida de toros, horas después del atentado de Túnez.
El conde de Godó decidió que el apoyo de La Vanguardia al proceso independentista catalán tenía que acabar, sobre todo después de que se lo dejara claro el rey Juan Carlos. Destituyó en diciembre de 2013 al director, José Antich, y colocó en su lugar a Màrius Carol, hasta entonces corresponsal de la Casa Real. El corresponsal político, Jordi Barbeta, cuyas crónicas tenían un sesgo claramente favorable al procés, fue enviado seis meses después a Washington como corresponsal.
A mitad de legislatura, el director de El País, Antonio Caño, cambió al periodista que cubría la información de Moncloa, Carlos E. Cué, y cuyas preguntas eran las más críticas o incisivas que se escuchaban en la rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría. Caño envió a Cué bien lejos, a Buenos Aires de corresponsal. La crisis financiera de Prisa había hecho que su presidente, Juan Luis Cebrián, recabara el apoyo de Santamaría para que los bancos aceptaran convertir sus créditos en acciones de la empresa.
Rafael Méndez y Manuel Altozano publicaron en El País en julio de 2012 una información sobre un dictamen del Ministerio de Justicia que amparaba a la vicepresidenta del Gobierno a la hora de tomar decisiones sobre la empresa Telefónica, a pesar de que su marido era alto cargo de la empresa. El titular publicado en la edición en papel decía: «Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido». El director, Antonio Caño, ordenó cambiar el titular en la página web al día siguiente por «Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada». La modificación se hizo sin consultar a los periodistas, que retiraron la firma de la versión de Internet. Caño justificó después el cambio y acusó a los dos redactores de «infantilismo». Méndez y Altozano acabaron pidiendo la baja en el periódico.
El Gobierno de Marruecos presentó una denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2013 contra el periodista de El País Ignacio Cembrero por informar sobre los yihadistas marroquíes que pretendían cometer atentados en su país. Cembrero contó tiempo después que a las tres semanas el periódico le ordenó que dejara de escribir sobre Marruecos y se incorporara a la sección de fin de semana.
Una tensa entrevista de Ana Pastor a María Dolores de Cospedal en el programa Los Desayunos de TVE irritó tanto al PP que el partido la puso en su punto de mira en 2011. El portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE afirmó que «la impertinencia y hostigamiento residen mayoritariamente en las entrevistas al PP». Pocos meses después de la vuelta del PP al poder, Pastor fue destituida de ese programa, como ya había sugerido que ocurriría el portavoz del PP.
La ofensiva israelí contra Gaza que mató a más de 2.000 palestinos en el verano de 2014 provocó presiones de la embajada de ese país a varios medios españoles. Las críticas tuvieron repercusiones para algunos profesionales en los meses posteriores. El delegado de EFE en Jerusalén, Javier Martín, tuvo que dejar el país tras menos de un año en el puesto y fue destinado a Túnez. Lo mismo le ocurrió al corresponsal de El País, Juan Gómez, que sólo llevaba seis meses en Jerusalén. Suponía una clara desautorización de su trabajo, por lo que Gómez no tuvo más remedio que pactar su salida de la empresa.
La embajada israelí también había denunciado a la corresponsal de TVE en Jerusalén, Yolanda Álvarez. Le acusó de ser «correa de transmisión» de Hamás (esa acusación tan directa hecha en público sí provocó una nota de rechazo de la APM). En marzo de 2015, TVE puso fin a su etapa de corresponsal y Álvarez tuvo que volverse a la redacción central .
En la lista hay varios casos de directivos de redacciones que sufrieron las represalias. La intención no es que sintamos una especial pena por los directores. Al menos en el plano material, suelen recibir grandes indemnizaciones económicas. Lo que hay que tener en mente es que si esto es lo que pasa por arriba, sólo tenemos que imaginar qué fuerza pueden oponer redactores de a pie en medios pequeños, en radios y televisiones autonómicas, en periódicos locales o regionales que dependen de la publicidad de las instituciones o de los grandes empresarios locales, y en todos los medios que necesitan la publicidad de las grandes corporaciones.
«La APM considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia», dijo la APM en el comunicado contra Podemos.
Uno se pregunta por qué la APM ha tardado tanto tiempo en darse cuenta de la gravedad de la situación. Bueno, es una pregunta retórica. La respuesta está bastante clara.
admin4rc0
Amadeo Martinez Ingles
Colectivo Puente Madera
Kollontai
Victor Arrogante
¿Llegado el caso un pelotón de soldados salvará a la Constitución (y a los españoles)? El Estado Mayor ya ha…