Los presupuestos de la mafia de 2017, un nuevo saqueo al pueblo trabajador

El viernes 31 de marzo, justo la víspera de la movilización convocada por la Coordinadora 25-S, movilización apoyada por 69 organizaciones y colectivos, el Gobierno del Régimen ilegitimo de la mafia presentaba los Presupuestos Generales del Estado (P.G.E.), que no son más que un nuevo paso en el saqueo organizado sobre la ciudadanía. Eso sí, en esta ocasión la presentación se ha orquestado de forma coordinada con la mayoría de los medios de comunicación, que al fin y al cabo son parte esencial del Régimen de la mafia, con la finalidad de hacerlos aparecer como unos P.G.E. que se alejan del camino de los recortes e inician la senda de dar satisfacción a las necesidades sociales.

Nada más lejos de la realidad. Las pretendidas aportaciones sociales conseguidas, según ellos mismos dicen, gracias a Ciudadanos, no son más que unas pinceladas de purpurina sobre un escenario global absolutamente nefasto para las clases populares. Vayamos con algunos datos:

El Estado tiene previsto recaudar más de 200.000 millones de euros, la mayor cantidad desde el inicio de la crisis y similar a la del año 2007, que marcó el inicio de ésta. Pero la estructura de la recaudación es muy diferente. A pesar de que las grandes empresas y muy especialmente las financieras han tenido miles y miles de millones de euros de beneficios y el IBEX no para de subir, la contribución de los impuestos sobre sociedades a la recaudación general baja de 44.823 millones de euros en 2007 a 24.399 millones en 2017, es decir, casi se reduce en un 50%. Sin embargo el IRPF (impuestos sobre el trabajo) pasa de los 72.614 millones de euros de 2017 a 78.027 millones de euros en 2017, es decir casi un aumento del 10%. La recaudación por IVA (impuestos sobre el consumo que afectan muy especialmente a las clases trabajadoras, con o sin empleo) pasa de 55.851 millones en 2007 a 67.463 millones en 2017, es decir, alrededor de un 20% más. Esta es una de las partes del saqueo al pueblo para beneficio del gran capital.

Por otra parte, el techo de gasto no financiero pasa de los 123.394 millones de 2016 a 118.337 millones en 2017. A esto añadimos que el déficit del PIB (Producto Interior Bruto) por exigencias de la UE tendrá que pasar del 4,33% del 2016 al 3,1% en 2017, lo que significa que habrá un ajuste total de 14.250 millones de euros. Si esto no son recortes, que nos expliquen lo que son.

En relación a la pretendida creación de puestos de trabajo en el sector público, es otra pura falacia, excepto los 3.591 para plazas de policía, las 3.246 de la Guardia Civil y las 1.990 de las Fuerzas Armadas.

Las 68.000 plazas en la administración pública, ya lo aclaran en la letra pequeña, no son para nada de nueva creación, sino que lo que se hace es reponer las jubilaciones o bajas por otros motivos en los servicios públicos; es decir, que las plazas ya existentes no se amortizarán como había ocurrido en los últimos años y pasarán a ser ocupadas por otras personas. En los últimos años la tasa de reposición de esas plazas era mínima o inexistente, pero a base de consumir el jamón ya solo queda hueso, y los servicios públicos (sanidad, educación…) están a punto de implosionar por falta de recursos humanos, entre otros, lo que está generando un fortísimo malestar social.

En cuanto a las 300.000 que comentan que se crearán en los próximos tres años, también en la administración pública, es otra falsedad. La UE en su normativa plantea que la interinidad entre los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos del Estado español es totalmente injustificada. Lo que realmente se plantea en este apartado es abordar esta cuestión, es decir, dar mayor estabilidad a los trabajadores y trabajadoras que ya ocupan esas plazas, ya veremos cómo. Obviamente eso puede ser positivo para las personas afectadas, pero en absoluto va a suponer la creación de nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, nos encontramos ante un nuevo y burdo engaño. Según las previsiones del Gobierno la inflación en 2017 será superior a un 2%, la subida salarial prevista para l@s pensionistas será de un 0,25% y para los trabajadores y trabajadoras del sector público será de un 1%; la pérdida de poder adquisitivo un año más parece evidente.

Es una tarea social y política de primer orden abrir un debate riguroso y lo más amplio posible sobre la verdadera naturaleza de los P.G.E. de 2017.

La manifestación convocada por la Coordinadora 25-S y apoyada por casi 70 colectivos y organizaciones entre las que están Yesca e IzCa es un primer paso clave en esa dirección, tal como ocurrió con la primera movilización, realizada también por la Coordinadora 25-S contra la Ley Mordaza.

Esperamos que las fuerzas parlamentarias que se dicen de izquierdas o simplemente democráticas no sean cómplices de este nuevo saqueo al Pueblo.

El PP no tiene mayoría absoluta, por lo que el objetivo de devolver los P.G.E. al Gobierno, el rechazo por la mayoría del Parlamento, es teóricamente posible. Veremos si hay auténtica coherencia democrática y actitud de defensa de los intereses de las clases populares.

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