En estos días, cientos de organizaciones políticas, sociales, culturales, memorialistas, y miles de ciudadanos y ciudadanas, celebraremos los 86 años de la proclamación de la Segunda República Española con toda la energía y la convicción que merece. Y lo haremos, en primer lugar, para conmemorar un hecho que abrió la puerta, por fin, al inmenso caudal de energías que los pueblos de nuestro país, los obreros, mujeres, intelectuales, jornaleros, estudiantes y, en general, toda persona amante de la libertad, habían visto yuguladas por la corrupción, el caciquismo y la represión que imperaron en nuestra tierra bajo el manto real borbónico y, finalmente, con su dictadura.
La República, además de representar un período de progreso político y social inédito en España, no sólo avanzó aspectos luego incorporados por el régimen actual, como el Estado autonómico, los derechos de la mujer o el sistema de protección social, sino que alcanzó cotas de desarrollo democrático imposibles con la Constitución vigente: son ejemplo de ello el laicismo estatal, el papel del trabajo, el rechazo a la guerra y, por supuesto, el carácter democrático de todas las instancias del Estado, incluida la Jefatura del Estado. Esa trascendencia de nuestra Segunda República es lo que nos obliga no sólo a celebrarla cada año, sino a tenerla como referente privilegiado de nuestro trabajo político cotidiano. No para repetir lo pasado, sino para clarificar qué tipo de futuro queremos.
En 2014, el movimiento popular por la República, por la Tercera, vivió un momento de auge, con un Rajoy contra las cuerdas y una monarquía totalmente desprestigiada. Lamentablemente, las promesas electorales, las ambigüedades, los silencios cómplices y la operación para forzar a Juan Carlos I a abdicar, a cambio de su total impunidad, permitieron al régimen del 78 salvar la situación y mantenerse, ahora con una recomposición de fuerzas en las Cortes. Mientras tanto, las calles se vaciaban y las caras visibles de la izquierda repetían que “la República no toca” y “la República no interesa a la gente”. Se repetía la maniobra de la Transición, con un régimen dispuesto a travestirse para mantener las estructuras de poder en lo fundamental, y una cohorte de seguidores dispuestos a formar parte de la “oposición de Su Majestad”.
Pero la realidad es tozuda y se ha encargado de demostrar -para quienes hayan querido verlo- cuán limitados son los cambios posibles en el marco jurídico e institucional vigente. Así, pese a los relativos avances habidos en algunas materias como los derechos sociales allí donde se han instalado ayuntamientos y gobiernos autonómicos «del cambio», los responsables de éstos ya deben de haber observado lo estrecho que es el corsé impuesto por el régimen del 78 en términos políticos, jurídicos y económicos, empezando por el artículo 135 de la Constitución, que subordina las necesidades sociales a las exigencias del capital financiero.
Miles de ciudadanos y ciudadanas, desde luego, ya se han percatado de ello, cuando comprueban el doble rasero de una Justicia que condena la libertad de expresión de artistas, articulistas y tuiteros de izquierda, mientras protege al fascismo; que persigue a los antifascistas, mientras mantiene en la impunidad las agresiones nazis; que condena a militantes sindicales mientras los responsables de Bankia y la familia del rey se van de rositas; que pretende estar por encima de los anhelos de democracia y autodeterminación de los pueblos. Lo ven, también, cuando contrastan las dificultades cotidianas que imponen el paro, la precariedad y los bajos salarios con la lluvia de millones que engorda cada año las cuentas de las empresas del Ibex 35, cuando sufren las humillaciones y abusos en su puesto de trabajo, o cuando se ven obligados a emigrar, como ha hecho ya en torno a un millón de jóvenes. Frente a esto, de poco han servido la nueva “mayoría” parlamentaria y las ilusiones electoralistas.
Ahora bien, ¿realmente tenemos que sorprendernos de ello? Nuestra actual democracia –una auténtica anomalía en nuestro entorno debido a su origen franquista–, a medida que son cercenados los derechos políticos y sociales de la mayoría trabajadora, no hace más que evidenciar, cada vez más claramente, su origen bastardo. Porque, ¿qué tipo de democracia se puede construir sobre la herencia del fascismo? ¿Qué libertades pueden quedar a salvo cuando su salvaguarda es encomendada a las personas e instituciones que durante décadas asesinaron, torturaron y saquearon?
Afortunadamente, hoy nos encontramos en un momento esperanzador: la movilización popular va recuperando el pulso y son muchas ya las personas, sobre todo jóvenes, que van adquiriendo conciencia de esta sangrante situación, que han tomado nota de las lecciones de los últimos tres años y que, en consecuencia, consideran que es necesario abandonar quimeras electoralistas y dar un paso al frente para poner fin, de una vez por todas, a la flagrante y vergonzosa injusticia que reina en nuestro país.
Para que este objetivo se cumpla, todas las organizaciones y personas que nos reclamamos del republicanismo debemos asumir el compromiso de reforzar la organización de las clases populares en todos los ámbitos, desarrollar formas de unidad republicana e incrementar la presión ciudadana, mediante las movilizaciones de todo tipo, en torno a un objetivo político general que impida la dispersión de las fuerzas. Por las razones expuestas, ese objetivo no puede ser otro que un cambio de régimen, una trasformación profunda de la correlación de fuerzas entre las clases sociales y de su expresión en términos jurídicos e institucionales, tanto en el ámbito político, como en el social y económico.
Al objeto de definir esa transformación fundamental, que permita el avance de las clases populares, el movimiento republicano se dotó en 2016 de un programa común, que contempla los siguientes puntos:
- Programa de choque contra la crisis, para impulsar el desarrollo económico y social, y apoyar y proteger a las personas y familias más afectadas por la crisis.
- Restablecimiento de la soberanía popular, anulando de forma inmediata las leyes de excepción que son utilizadas para acallar la indignación de nuestros pueblos, como la Ley de Partidos, la ley mordaza y la reforma del Código Penal.
- Derecho de autodeterminación de los pueblos, para que decidan libremente si quieren construir juntos un futuro común y poner fin al enfrentamiento.
- Independencia Nacional frente a los grandes poderes que dictan la política internacional, como la OTAN.
- Apertura de un proceso constituyente que ponga fin al régimen de 1978 y a su Constitución, claramente superados por la historia; que devuelva la voz al pueblo para determinar la forma de Estado y garantizar la democracia, el derecho a la autodeterminación, el control democrático de las instituciones, la reforma agraria aún pendiente, el control público y la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el control efectivo y la participación de la ciudadanía en las cuestiones que le afectan. Una constitución que sirva de base para un futuro de progreso.
- Recuperación de la memoria histórica, para reivindicar como inalienable patrimonio colectivo la lucha y el sacrificio de todos los luchadores asesinados, perseguidos y damnificados por la dictadura franquista, y para poner fin a la impunidad del franquismo.
- Rechazo a la Europa del capital, que desprecia a los refugiados y nos ata a las imposiciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo.
- Por la República, con carácter laico, democrático, popular y federal, resultado de ese proceso constituyente.
En nuestro país, el cambio de régimen no puede significar otra cosa que la Tercera República. La historia de los últimos cuarenta años ha demostrado que es el único marco posible para el desarrollo de la democracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas.
Hoy estamos poniendo las bases para reconstruir, unidos, el movimiento republicano. Asumamos el compromiso, demos un paso al frente y pongámonos a trabajar.
¡VIVA LA REPÚBLICA!
¡SIN RUPTURA, SIN REPÚBLICA, NO HABRÁ CAMBIO!
Abril de 2017
Federación de Republicanos (RPS)
¿Llegado el caso un pelotón de soldados salvará a la Constitución (y a los españoles)? El Estado Mayor ya ha…