La restauración de la memoria de los represaliados en la guerra civil está pasando por sus horas más bajas de los últimos tiempos en la Comunitat Valenciana en vísperas de la conmemoración de los 86 años de la proclamación de la II República.
En las últimas semanas se ha podido ver que la justicia obligaba al Ayuntamiento de Alicante a restaurar los nombres de signo franquista de diversas de sus calles, mientras que la delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana prohibía a los ayuntamientos y diputaciones provinciales mostrar la bandera tricolor para el homenaje republicano.
Para esta última prohibición desde la delegación dirigida por Juan Carlos Moragues se ha enarbolado la ley de banderas, añadiendo entre los argumentos que «la utilización de una bandera no constitucional vulneraría el principio de neutralidad y objetividad que debe regir el trabajo de las Administraciones Públicas». Así la circular enviada a las administraciones advertía tajantemente que «en el caso de que se produjera una infracción a lo establecido en la normativa citada, por parte de ese Ayuntamiento, se comunica que esta Delegación del Gobierno acudirá directamente a la vía judicial, a fin de restablecer la legalidad vigente».
No obstante el año pasado Moragues sí uso argumentos políticos para criticar que diversos ayuntamientos homenajearan el régimen republicano colgando banderas en los consistorios. Así el delegado del Gobierno afirmaba que en este homenaje había «sectarismo», mientras aseguraba «lo que queremos es que no haya división ni confrontación, sino todo lo contrario, unión y no abrir viejas heridas». «Lo que queremos todos es que haya concordia y que haya paz y que no haya esta provocación y esta polémica con la exhibición de banderas republicanas», sentenciaba.
Pero este «sectarismo» o «confrontación» no existe en el recurso del PP de Alicante contra la retirada de los nombres franquistas del callejero de la ciudad. Los populares también han tirado de legalismo para evitar esta revisión de homenajes.
En esta ciudad el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante ordenó la paralización de la retirada de los símbolos franquistas como requería el PP. Los populares denunciaron que la medida no pasó por el pleno del Ayuntamiento y fue un acuerdo del tripartito (PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant). En julio el consistorio anunció su intención de retirar las placas que homenajeaban a la dictadura y cambiar el nombre de las calles, para cumplir con la ley de Memoria Histórica. A mediados de diciembre comenzaron los trabajos y el PP presentó su denuncia que finalmente consiguió reponer el homenajes franquista en las calles.
Toni Cuquerella | eldiario.es
¿Llegado el caso un pelotón de soldados salvará a la Constitución (y a los españoles)? El Estado Mayor ya ha…