La primera movilización que recibió el nombre de “marea blanca” tuvo lugar en 2012 en Madrid, cuando el PP ya llevaba privatizando la sanidad 8 años, al Servicio Madrileño de Salud se le había dado la vuelta como un guante, y cerca de dos millones de personas ya habían pasado a ser atendidas en hospitales propiedad de empresas privadas. Con posterioridad emergieron “mareas blancas” o “plataformas en defensa de la sanidad” en otros puntos del estado (Galicia, Aragón, Castilla y León, País Valenciá), para acabar, recientemente apareciendo en Andalucía y Canarias. En estos años ninguna de ellas ha conseguido que ningún gobierno haya rectificado lo esencial de las políticas sanitarias aplicadas.
En todas ellas se han dado una serie de elementos comunes: apoyo mediático incondicional, transversalismo y confluencia de sectores del PP con otros situados más a la izquierda del propio PSOE, elección de reivindicaciones genéricas, y sobre todo ausencia de análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario.
En el caso de Andalucía, la más mediática indudablemente ha sido la producida en Granada, a resultas del fallido proceso de fusión hospitalaria impulsado por la Junta de Andalucía. Es indudable que la propuesta de fusión no pudo ser manejada más deficientemente por la Consejería de Sanidad, lo que posibilitó que el malestar de diversos colectivos hayan coincidido en el tiempo. Desde los usuarios, afectados por el deterioro asistencial producto de los ajustes posteriores a 2008, y por los derivados de la ubicación del nuevo hospital; hasta los de los trabajadores del sector, afectados por los mismos recortes; pasando por la “casta médica” (jefes médicos cuyos intereses se han visto directamente afectados por la unificación de servicios y consecuente desaparición de jefaturas); hasta los pequeños comerciantes de la zona del viejo Clínico, etc.
En esta amalgama de intereses cruzados, en muchos casos antagónicos, han encontrado su espacio sectores conservadores, partidos ciudadanistas, o colegios profesionales, cuyo nexo común ha sido su silencio durante las dos décadas que el proceso de privatización lleva en marcha desde la aprobación de la Ley 15/97 en todo el estado. En este juego de fuerzas, se han dado liderazgos mediáticos, cambios de bando entre quienes inicialmente estaban por la fusión y ahora ocupan lugares relevantes en la Plataforma contra la Fusión, y hasta se ha producido la creación de una asociación de defensa de los pacientes, tutelados por los profesionales, en la que los pacientes ¡¡ no pueden ocupar cargos de responsabilidad !!.
A pesar de la aparente victoria de la marea blanca granadina, como en el resto de “mareas blancas”, la reivindicación de nuevo se nos antoja muy superficial y muy limitada. Hemos pasado de “la sanidad no se vende, se defiende”, lema fabricado para evitar señalar tanto a los responsables (partidos políticos y sindicatos subvencionados), como a los instrumentos de la privatización (Ley 15/97 entre otras), a “Queremos dos hospitales completos”. ¿Quién no suscribiría esta reclamación? Pero, ¿qué se consigue con la paralización de la fusión o que dimitan altos cargos? ¿Mejorarán las listas de espera? ¿Se incrementará la cartera de servicios ofrecida a la población? ¿se reducirán las derivaciones a centros privados?. Nos tememos que no. En realidad es un logro superficial que no afecta a las raíces del problema: la privatización gracias a la Ley 15/97, y la mercantilización mediante las unidades de gestión clínica.
También es cierto que durante las tres décadas de gobierno del PSOE no se ha aplicado el modelo de privatización tan agresivo como el que se ha extendido como una mancha de aceite en otros puntos del estado. En Andalucía aun no existen concesiones de hospitales a treinta años como las PPP y PFI de Valencia, Madrid, Baleares, Castilla y León, Galicia o Catalunya.
Sin embargo, eso no implica que no haya existido un proceso planificado de deterioro, mercantilización y privatización del Servicio Andaluz de Salud. Por ejemplo, en lugar de construir centros sanitarios “públicos” en muchas localidades, se ha potenciado que empresas privadas construyan sus propios centros……que luego conciertan por tiempo indefinido. Esto ha sido una constante gracias a la connivencia del PSOE con la empresa Pascual(1), o con órdenes religiosas, sobre todo San Juan de Dios(2). También la creación de hospitales públicos con gestión privada, como el Alto Guadalquivir de Andújar, Huercal Overa en Almería, o el mismísimo Costa del Sol de Marbella, entre otros, donde la bolsa de empleo la gestiona una ETT. Por no hablar de los CHAREs, en los que la movilidad geográfica semanal de los trabajadores sanitarios es una constante.
Pero quizás, la política más peligrosa aplicada por el PSOE ha sido extender la llamada “Gestión Clínica” en todo el Servicio Andaluz de Salud. Este “experimento” diseñado desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, se basa en la imposición de objetivos de reducción del gasto sanitario, en aquellas parcelas del gasto sobre las que los profesionales tienen posibilidades de incidir: derivaciones a especialista, farmacia, bajas laborales, ingresos hospitalarios, altas hospitalarias, pruebas diagnósticas, cobertura de sus propias ausencias, etc. A cambio, como no podía ser de otra forma, generosos incentivos económicos(3) para los profesionales, (fundamentalmente los médicos).
El modelo, punta de lanza a nivel estatal, ha demostrado por tanto que la prioridad no es aumentar la esperanza de vida, reducir las tasas de mortalidad, actuar contra los determinantes de la salud, contra los agroquímicos, denunciar a las industrias contaminantes que están provocando miles de cánceres y otras enfermedades evitables, potenciar la autonomía de la población en los asuntos relacionados con la salud…sino reducir esa parte del gasto sanitario. Porque curiosamente hay otra parte del gasto sanitario, mucho mayor que el anterior, sobre el que no pueden incidir los profesionales, y sobre el que los políticos no van a actuar: conciertos con centros privados mientras se infrautiliza el sector público, pagos desorbitados a Farmaindustria y a la industria diagnóstica, “externalización” de servicios no sanitarios, etc.
Y lo que olvidan interesadamente las mareas blancas, es que una de las razones principales del deterioro, y de la utilización de los pacientes como una moneda de cambio es la mercantilización del sistema sanitario a través de la Gestión Clínica. Y es que la introducción de criterios empresariales en la práctica clínica diaria es mucho más peligrosa que fusionar dos hospitales, o que traspasar a un fondo de capital riesgo la explotación de un área sanitaria por treinta años. Porque hace prevalecer los criterios economicistas en la relación médico-paciente, se pierde la perspectiva del paciente y su salud como un objetivo, pasando a ser un valor numérico en unos casos…o un obstáculo para cobrar incentivos en otro. Y es que, los incentivos económicos son perjudiciales para la salud.
En definitiva, se olvida que el deterioro sanitario viene de muy lejos, que es un proceso puesto en marcha en todo el estado, independientemente del partido gobernante, para ir desmantelando el sistema y privatizar sus partes rentables. Y se mantiene el discurso de exclusiva reivindicación de vuelta a la situación previa a los ajustes económicos, sin cuestionar en profundidad ninguno de los problemas estructurales del SNS a través de alguna de estas medidas:
– Derogación de la Ley 15/97 y de todas aquellas normas que introducen el ánimo de lucro en la sanidad.
– Derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, por el que se pueden establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios, y que ha servido para derivar los procesos rentables al sector privado.
– Prohibición expresa de incentivos económicos en la práctica clínica (UGC u otras).
– Eliminación de peonadas y horas extras, con aumento de plantillas e implantación de un turno de tarde en atención hospitalaria para aquellas especialidades médicas necesarias con el fin de utilizar al 100 por 100 los recursos y evitar la emigración de profesionales.
– Derogación del RD-Ley 16/2012 para universalizar la asistencia.
– Establecimiento de un sistema real de incompatibilidades para todas/os los/las trabajadoras/es SNS.
– Desarrollo de una industria farmacéutica básica sin ánimo de lucro y distribución de los medicamentos más prescritos desde los centros sanitarios de atención primaria y especializada.
– Planes urgentes de actuación sobre aquellas empresas y elementos responsables de una parte importante de la mortalidad: contaminación atmosférica, tabaco, alcohol, agroquímicos, alimentación…etc.
– Financiación per cápita, cartera de servicios y prestaciones, tiempos máximos de espera, iguales en todo el territorio estatal.
– Supresión de las redes paralelas mantenidas con fondos públicos (Muface, ISFAS, Mugeju, Colaboradoras..) e integración en el SNS.
– Descentralización de los recursos sanitarios con el establecimiento de mecanismos de control real por parte de trabajadores/as y pacientes.
– Transparencia: acceso en todo momento y para cualquier persona a toda la información sobre gasto, resultados, indicadores de calidad, etc.
(1) Cádiz (Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín, Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda, Santa María de El Puerto de El Puerto de Santa María y el Hospital de San Rafael), Huelva (Hospital Blanca Paloma) y Málaga (Hospital Doctor Pascual)
(2) “Consorcio Sanitario Público Aljarafe”, Sevilla
(3) http://www.casmadrid.org/comunicados/COMUNICADO_GESTION_CLINICA_AGOSTO_2016.pdf
admin4rc0
Amadeo Martinez Ingles
Colectivo Puente Madera
Kollontai
Victor Arrogante
¿Llegado el caso un pelotón de soldados salvará a la Constitución (y a los españoles)? El Estado Mayor ya ha…