Los juzgados especializados para las cláusulas suelo comienzan su andadura este jueves. Y lo hacen con duras críticas. Entre ellas, las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que rechazan la implantación de estos juzgados provinciales al ser un “regalo más a la banca” en materia de “impunidad y falta de protección a consumidores”.
La plataforma censura este mecanismo para la resolución de ejecuciones hipotecarias y demandas contra la banca por cláusulas abusivas, ya que en su opinión se convertirá en un “freno a soluciones positivas y pioneras”. Y es que, según recuera la PAH, “la única ciudad dónde hasta ahora existían estos juzgados es Madrid, dónde los juzgados Hipotecarios 31 y 32 se han caracterizado por oponerse a todo avance en protección a consumidores y son los últimos en incorporar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a su práctica diaria”.
Sin embargo, continúa, la “descentralización de criterios actual en el resto del territorio ha facilitado la elevación de cuestiones prejudiciales a Europa que, por encima del Tribunal Supremo, han significado durante estos años el único medio de velar por una verdadera protección judicial a consumidores y, de manera indirecta, de protección del derecho a la vivienda”.
La plataforma sostiene que “acumular en un sólo juzgado todas las demandas de una provincia provocará enormes demoras en la resolución de los casos”, que favorecerá a la banca que “verá así ‘minimizado’ el impacto de las condenas en sus cuentas de resultados, pudiendo fraccionar el pago durante años”. En provincias como Málaga, los jueces decanos ya advierten de un retraso de al menos cinco años en resolver las primeras demandas que se asignen a este juzgado único, afirma este colectivo.
Otra de las críticas de la PAH es que esta medida “aumentará la desigualdad entre las personas en función de su lugar de residencia, ya que el mismo procedimiento se eternizará en las grandes provincias, y será más ágil en las pequeñas”.
La posible influencia de los “lobbys financieros” en las decisiones judiciales también es otra de las advertencias de los afectados por la hipoteca. Según destacan, la adopción de un criterio determinado por parte de un juzgado provincial en temas como la devolución de los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados o la cláusula suelo “colocaría a los jueces únicos en situación de alto riesgo de captación por lobbys financieros para influir en sus decisiones”.
Para terminar, la PAH asegura que las medidas tomadas hasta ahora en torno a las cláusulas suelo no han cumplido “ninguno de sus objetivos” y “se desconoce su verdadera utilidad más allá de evitar el pago de las costas a los bancos”. Por ello consideran que la creación de este tipo de juzgados únicos “vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución, como un juez ordinario y predeterminado por la ley, limita el acceso a la tutela judicial efectiva” y “va a colapsar indiscriminadamente la Justicia” y piden su retirada.
Juzgado que nacerá atascado
A las críticas de la PAH hay que sumar que hace unos días la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritario en el sector de la Justicia, señaló que el juzgado sobre cláusulas suelo que se pondrá en marcha en Madrid “nace ya atascado”. Según el sindicato, “se esperan unas 80.000 demandas de afectados que tendrán que ser atendidas por una plantilla compuesta únicamente por un magistrado, dos letrados de la Administración de Justicia y diez funcionarios”.
“Si consideramos que la carga máxima asumible por cada funcionario no debería superar los 200 procedimientos judiciales, el nuevo juzgado no debería tramitar más de 2.000 demandas. Como la Dirección General de Justicia prevé nada menos que 80.000, ello provocará que nazca colapsado”, ha alertado CSIF.
Asimismo, desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se teme que esta nueva medida sólo sirva para generar más retrasos. Su presidenta, Patricia Sánchez, ha manifestado que la creación de juzgados especializados “no es la mejor medida porque un único juzgado no puede absorber todos los asuntos y se generarán retrasos”. Además, “ya teníamos jueces especializados que llevan años trabajando en esta materia y ahora se les da de lado. Dejar este asunto en manos de jueces en prácticas, con una formación ‘express’, es un atropello más para los ciudadanos”, sentencia la representante de Asufin.
Ante estas críticas el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia se comprometieron este miércoles a colaborar con el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la avalancha de juicios que se espera por las cláusulas suelo de las hipotecas.
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