El coste del rescate financiero asciende hasta 77.000 millones de euros, de los cuales se han recuperado 4.140 millones y se podrían conseguir 12.200 millones más
“Me gustaría especificarlo muy claramente, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles”. Esta es sólo una de las frases que repitió el Gobierno (esta en concreto es de Luis de Guindos) cuando se aprobó el rescate europeo a la banca española para dejar muy claro que “no costará ni un euro”. Hoy el Banco de España pone las cifras sobre la mesa y sus cuentas son muy diferentes: el Estado perderá finalmente 60.600 millones de euros, el 80% de los 77.000 millones inyectados.
Esta cuantía se financió por dos vías: una parte fue dinero público de los contribuyentes, que se canalizó a través del Frob y otra, aportaciones de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). En total, el Frob inyectó 56.800 millones de euros, de los cuales el Banco de España estima que se perderá en torno al 70%. Lo que no iba a costar ni un euro serán finalmente 39.500 millones de euros que no se recuperarán.
En cuanto a la participación del FGD, que se financia con aportaciones de la banca, pero que forma parte del Estado, ya que se cataloga como parte de la Administración Central, ascendió a casi 22.000 millones de euros. De este dinero se perderá finalmente algo más del 90%, en un agujero que asciende a 21.000 millones de euros.
Estos son los cálculos del Banco de España recogidos en su libro blanco ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014’ publicado hoy, con el que quiere completar la información de la crisis del sector financiero que se desató en el año 2008. Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empezó a rescatar entidades financieras se han destinado casi 77.000 millones de euros a la causa, un cálculo que no incluye los avales entregados a las entidades financieras, ya que no son inyecciones de capital y una buena parte ya se han recuperado.
La historia ha enseñado a los economistas que es mejor rescatar un banco que dejarlo caer (Lehman Brothers es probablemente el mejor ejemplo), pero ahora que la crisis se está acabando y que vuelven los beneficios al sector, los contribuyentes españoles toman conciencia de que los bancos no devolverán las ayudas y serán ellos quienes tengan que pagarlas (hasta hoy son deuda pública, esto es, no se han pagado).
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A finales de 2015 el Estado había recuperado algo más de 4.100 millones de euros, apenas el 5% de todo el dinero inyectado (el BdE no ha cerrado los datos de 2016 a la espera de conocer los resultados del Frob). De esta cuantía, en torno a 3.500 millones se corresponden a ayudas públicas del Frob y unos 700 millones a las aportaciones del FDG. Esto no significa que se haya perdido el 95% restante, ya que a día de hoy el Estado conserva dos activos importantes que generarán un ingreso a las arcas públicas cuando los venda: Bankia y BMN. El Banco de España estima que el Gobierno puede recuperar otros 12.200 millones de euros con las desinversiones que tiene pendientes (ya ha conseguido algo más de 1.300 con la desinversión en Bankia) y otros instrumentos híbridos que conserva.
En total se recuperarán en torno a 16.300 millones de euros de los 77.000 gastados, esto es, sólo se recuperará uno de cada cinco euros. De los 60.600 millones de euros que se perderán, en torno a 39.500 millones correrán a cargo del contribuyente, mientras que 21.000 millones los ha aportado el FGD. ¿Cuánto son 60.600 millones? Sirva como comparativa que esta cuantía sería suficiente para volver a llenar la ‘hucha de las pensiones’ que se ha vaciado durante la crisis, hasta el punto de superar el máximo histórico de ahorro que se alcanzó en el año 2011.
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Aunque la mayor parte de las ayudas se concedieron bajo el paraguas del rescate europeo, no fueron todas. Todas las inyecciones de dinero público se canalizaron a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), instrumento que se creó en 2009 bajo la presidencia de Zapatero. En total utilizó casi 57.000 millones de euros, un 74% de todas las ayudas. El resto fueron aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, una entidad enmarcada dentro de la Administración Central cuya gestión está compartida entre el Gobierno, el Banco de España y la banca y que se financia con aportaciones de estas últimas.
A pesar de todo lo que se ha dicho, el contribuyente español todavía no ha empezado a pagar el rescate. Las ayudas se financiaron con deuda, en total con 50.300 millones de euros según los datos de Eurostat. España no ha salido del déficit ningún año, lo que significa que todavía no ha podido empezar a pagar el coste de las ayudas a la banca, que sigue pesando sobre el pasivo de las Administraciones Públicas. El apoyo al sector financiero fue uno de los motivos por el que la deuda pública española se disparó hasta superar el 100% del PIB durante la crisis. De hecho, el coste de las ayduas financieras no deja de aumentar y en 2016 el Estado destinó en torno a 3.000 millones de euros para apoyar a las entidades nacionalizadas.
El rescate más costoso para el Estado será el de Catalunya Banc, según las estimaciones del BdE. Esta entidad recibió 13.900 millones de euros, de los cuales 12.600 corrieron a cargo del Frob y 1.300 del FGD. Con ese dinero se saneó la entidad y se vendió posteriormente al BBVA y el Estado apenas ha recuperado el 8% del capital inyectado. El resto, algo más de 12.700 millones de euros, se han perdido para siempre.
Sin embargo, Catalunya Banc no fue la entidad que recibió más dinero público, fue BFA-Bankia. El banco procedente de la fusión de siete cajas de ahorrorecibió 22.400 millones en inyecciones de capital e instrumentos híbridos, aportados todos ellos por el Frob, esto es, dinero de los contribuyentes. De toda esta cuantía, el Banco de España estima que se recuperarán unos 9.750 millones de euros con la venta de la entidad en el futuro (ya se han colocado 1.300 millones). Esto significa que el coste del rescate de BFA-Bankia ascenderá a 12.700 millones de euros.
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