Indignación por una propuesta de Podemos y PSOE que blinda privilegios a los altos cargos

Mes de agosto, nuevas incorporaciones al Gobierno y sobre la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, aprovechando el periodo extraordinario habilitado para la tramitación de los Presupuestos, el proyecto de Ley en materia de gestión y organización de la Administración. Una ley cajón de sastre en la que se aborda de todo un poco, desde el turismo al urbanismo, pasando por la eficiencia de la Administración, pero en la que también se han colado a través de las enmiendas medidas que afectan al empleo público y la consolidación de niveles por el hecho de haber ocupado un alto cargo.

Enmiendas precisamente planteadas por Podemos y PSOE, los nuevos socios en el Ejecutivo que, aunque juntos pero no revueltos, como bien se han empeñado en precisar una y otra parte, presentan de la mano esta propuesta que blinda privilegios a los funcionarios que accedan ‑o hayan accedido‑ a altos cargos de la Administración, los cuales conseguirán una mejor posición en la escala funcionarial, sin necesidad de tener que pasar procesos selectivos, consolidando niveles por el hecho de estar ahí. 

Una medida que no solo les garantiza una mejora de sus sueldos una vez que abandonen el cargo y regresen a sus puestos en la Administración, sino también en sus pensiones, abriéndoles además la posibilidad de optar a cargos para los que de otra forma únicamente podrían haber concurrido por la vía de la cualificación.

Propuestas ante las que incluso han mostrado su desacuerdo desde el propio seno del Grupo Parlamentario Podemos, cuyo portavoz David Llorente escribía en su cuenta de Twitter este martes que ya había planteado a su partido retirar el apoyo y rechazar «cualquier enmienda que pueda suponer privilegios». Asimismo, el diputado por Guadalajara aseguraba no haber participado en la negociación de esta enmienda, como tampoco ser un posible beneficiario de la misma ni aspirar a serlo.

Horas después le tocaba a Llorente salir a la tribuna de las Cortes a defender el no de Podemos a la enmienda a la totalidad planteada por el Partido Popular a este proyecto de Ley. Una intervención en la que el diputado de la formación morada no se mostraba partidario de tumbar el proyecto por completo, al incorporar importantes mejoras, sino de impedir que salga adelante la polémica medida de las prebendas a los altos cargos durante la tramitación parlamentaria. Además, se mostraba convencido de que esta enmienda debía pasar previamente por la Mesa de la Función Pública.

También desde la tribuna, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, insistía en señalar que este proyecto de Ley ha pasado por todos los trámites de información necesarios, y argumentaba que nada tiene que ver con el complemento de alto cargo suprimido por el Gobierno de Cospedal la anterior legislatura. En este sentido, apuntaba que, aunque el PP los suprimió en Castilla-La Mancha, la mayor parte de sus cargos lo sigue cobrando puesto que procedían de otras comunidades autónomas en las que sigue vigente dicho complemento.

EXIGEN SU RETIRADA

El primero en hacer saltar las alarmas era STAS-CLM Intersindical, tras encontrar en el Boletín Oficial de las Cortes las enmiendas parciales presentadas por PSOE y Podemos a la ley en materia de gestión y organización de la Administración, el mismo día en que Podemos se incorporaba al Gobierno regional.

Una enmienda que supone que mientras en la actualidad se consolida el grado personal del puesto que desempeñaban antes de pasar a ocupar uno de alto cargo, a partir de su aprobación se consolidará el grado personal mientras ocupen el puesto «a dedo» hasta el máximo de su grupo de una forma lineal, dos niveles cada dos años.

Una «trasgresión» de la carrera profesional del personal funcionario de la Junta ‑que sigue sin desarrollarse‑ y que permite que «mientras un alto cargo consolida el grado máximo en un tiempo récord, el resto de personal tenga que esperar décadas para conseguirlo».

Asimismo llamaban la atención sobre la aplicación de la nueva norma, considerando «un escándalo» que se plantee su aplicación «a todos los cargos que hayan reingresado desde la creación de la Junta de Comunidades, y a los cargos no autonómicos desde la entrada en vigor del EBEP en 2007″.

Con medidas como ésta, desde STAS-CLM Intersindical consideran que el Ejecutivo de Page vuelve a demostrar que contempla la Administración Pública solo «como un cementerio de elefantes» para «colocar a su camarilla en puestos estratégicos».

MOLINA SE BENEFICIARÍA DIRECTAMENTE

Sin embargo es a Podemos a quien hace un mayor reproche este sindicato, y en concreto a su secretario general, ya también vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, que «no solo da su visto bueno a estos privilegios, sino que se beneficia directamente de ellos», puesto que con su paso por las Cortes como diputado y su periplo en el Gobierno regional, precisan, «también se beneficiará de la medida, recuperando el antiguo complemento de alto cargo, como el resto de estatutarios y docentes».

Recuerdan a García Molina que uno de los motivos en los que argumentó su rechazo a los presupuestos en el mes de abril fue precisamente la continuidad de políticas relacionadas con el mantenimiento de los privilegios a altos cargos y directivos, pero también sus más recientes comentarios asegurando que la formación morada no iba a renunciar a su ADN ni a aceptar prebendas del Gobierno. Tres semanas después, señalan en su comunicado, «se convierte en uno de los privilegiados de Page porque se asegura un aumento de suelto que le acompaña, para toda la vida».

Un «escándalo» por el que exigían a PSOE y Podemos la retirada «inmediata» de esta enmienda, para su debate en la Mesa General de la Función Pública, algo que de no hacer les llevaría a estudiar posibles recursos ante los tribunales.

VULNERARÍA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Una retirada que también se exigía desde la Unión General de Trabajadores, tildando la propuesta de «vergonzosa» y considerando que podría vulnerar los principios constitucionales de funcionamiento de la Administración, al permitir que todos aquellos cargos nombrados discrecionalmente consoliden el máximo nivel retributivo que han recibido mientras ocupaban esos puestos, de modo que su salario se vea incrementado sin haber participado en los procesos objetivos que para ello están establecidos.

Desde el sindicato reprochan que quienes se han erigido defensores de los servicios públicos y han salido a manifestarse a la calle contra el actual Gobierno central en defensa de los mismos, sean ahora quienes planteen esta medida. Lo consideran «un atentado» contra el funcionamiento de la Administración regional y contra todo el personal que se ve obligado a superar procesos selectivos para incrementar su nivel y con ello sus retribuciones.

Y mientras se justifica en la falta de presupuesto la no recuperación de las retribuciones perdidas por todo el personal y la no mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Administración y el funcionamiento de los servicios públicos, sí se plantea «otorgar prebendas económicas a todas aquellas personas que han ostentado un cargo en el Gobierno o en la Administración para toda su vida laboral», una «falta de respeto» a toda la ciudadanía.

Desde UGT exigen a ambas formaciones, responsables de esta «vergonzosa propuesta» que en un ejercicio de responsabilidad y respeto retiren esta enmienda.

POR LA PUERTA DE ATRÁS

Una petición que también realizan desde el sindicato Comisiones Obreras, al considerar que con ella tanto PSOE como Podemos intentan modificar «por la puerta de atrás» la ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

Enmienda que califican de «inadmisible, insultante y una falta de respeto», al ir en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad, generando un «gravoso colectivo de exaltos cargos que conllevan un peso y un coste inasumible para la Administración regional».

Asimismo, desde CCOO consideran «ilegítima» la vía por la que se pretende acometer esta reforma, «enmascarándola» tras una enmienda al proyecto de ley de Organización de la Administración, «eludiendo así los requisitos legales, sin informar a las organizaciones sindicales representativas y también sin acuerdo» de la Mesa General de los Empleados Públicos, a la que les invitan a llevar la propuesta si consideran que es legal.

Por su parte CSIF ha pedido también a ambos grupos que «si tienen un mínimo de decencia política» retiren «inmediatamente» las enmiendas que modifican esta ley. Si no lo hacen «tendrán nuestro total enfrentamiento y movilización contra esta fechoría veraniega, que viene a incrementar los privilegios de la ‘casta’ frente a los ciudadanos de a pie y que se ha hecho al margen de la Mesa General, lo que demuestra su desprecio a la legítima representatividad de los trabajadores», ha señalado CSIF.

Denuncian que mientras que los funcionarios-altos cargos conseguirán el nivel más alto por la vía rápida, «el resto de empleados públicos están sin carrera profesional y ascenderán en el escalafón, pasito a pasito, según vayan quedando vacantes de mayor categoría». Sería «una injusticia y un agravio comparativo que premia así, para siempre, a la clase política», ha apuntado CSIF, que ha añadido que «no hay justificación» y que el sindicato «estará en contra de este atropello, hecho con ‘veranicidad’».

De momento este polémico proyecto de Ley ha salvado el primer trámite parlamentario, la enmienda a la totalidad planteada por el Partido Popular, que era rechazada por PSOE y Podemos. Ahora será el turno de las enmiendas, que este mismo lunes publicaba el Boletín Oficial de las Cortes y deberán ser debatidas en comisión y posteriormente llevadas al Pleno.