España bloquea la investigación de las desapariciones del franquismo tras 15 años de reproches de la ONU

El 5 de agosto de 2002 las desapariciones forzadas del franquismo llegaron a la ONU. Aquel día Emilio Silva atravesaba las puertas del Palacio Wilson de Ginebra (Suiza) para entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las fichas de identidad de 64 personas a las que la represión franquista persiguió, asesinó y arrojó a cunetas y fosas comunes entre 1936 y 1949. Muchas de ellas siguen todavía hoy desaparecidas.

La denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue aceptada parcialmente por la ONU –admitió dos casos– y motivó que el organismo incluyera a España en la lista de países que tienen desaparecidos forzosos. Desde entonces, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU ha estado en comunicación con el gobierno español para pedirle explicaciones y recordarle su obligación de investigar este tipo de crímenes.

Sin embargo, la principal conclusión de las visitas e informes emitidos por los mecanismos internacionales son que España hace poco por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. El mapa de las fosas comunes elaborado por el Gobierno, que lleva desde 2011 sin actualizarse, contabilizaba 2.000 sin abrir, pero estos datos son tachados de optimistas por parte de las asociaciones de víctimas: La lista que recibió Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes franquistas contenía 130.000 desaparecidos.

Durante años, la ONU reclamó al Gobierno la resolución de los casos que había aceptado investigar sin éxito. Uno de ellos fue exhumado sin apoyo institucional, sobre el otro hay información que asegura que podría estar en un cementerio de un pueblo valenciano. En 2008 el informe del grupo de trabajo reitera: «Se volvieron a transmitir todos los casos sin resolver y no se recibió ninguna respuesta del Gobierno».

«A pesar de que el Estado español ha ratificado numerosos acuerdos internacionales que le responsabilizan de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura de los franquistas, sus incumplimientos en esa materia son incontables y atroces, cuando se trata de dejar morir a los hijos e hijas de esos desaparecidos sin atenderlos, cuidarlos y tratarlos como si fueran un estorbo para la democracia», sostiene la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en un comunicado.

En 2013 el grupo de trabajo visitó España y emitió un completo informe con múltiples recomendaciones que no han sido adoptadas. Entre ellas, investigar y juzgar las desapariciones, «eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno» que lo impiden o «asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura», poniendo especial énfasis en la «urgencia y celeridad» debido a «la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos».

» España ha ignorado y sigue ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia», apunta Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain. Al grupo de trabajo se sumó también el Comité de Derechos Humanos, que en julio de 2015 evaluó a nuestro paíspara concluir que «impide la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura y desapariciones forzadas».

La reprimenda fue especialmente contundente en relación a la falta de colaboración con la querella argentina, la única causa que investiga los crímenes de la dictadura desde 2010 después de que en España se cerrarán las vías que intentó Garzón. «Es una de los reproches más frecuentes, la ausencia de cooperación con procedimientos judiciales abiertos en otros países», explica Vicente.

De hecho, hay evidencias que llevan a concluir que España boicotea la investigación argentinade la mano de la jueza María Servini de Cubría, que ha dictado una orden de detención contra varios cargos franquistas que España ha regateado negando su extradición. El último capítulo lo ha protagonizado la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina, que ha anulado por segunda vez esta orden contra el exministro Martín Villa, acusado de crímenes de lesa humanidad.

En 2009 la denuncia en Argentina todavía no había sido interpuesta, pero el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias ya llamaba la atención a España sobre su obligación de investigar estos crímenes y resaltaba que el delito tiene lugar «hasta que el Estado reconoce la detención o proporciona información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida», explica en su informe. «El delito autónomo de desaparición forzada es imprescriptible», explica el grupo.

Sin embargo, el Código Penal todavía no ha incorporado una definición del delito acorde a estos términos y la justicia sigue amparándose en una supuesta prescripción para rechazar múltiples denuncias de particulares. Este fue uno de los motivos que esgrimió recientemente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Soria para negarse a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936.

La interpretación de la prescripción del delito y de la Ley de Amnistía de 1977 de una manera restrictiva es uno de los tirones de orejas que el relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, Pablo de Greiff, le dio a España en su visita de 2014. El relator entiende que la norma en sí misma no impide la investigación de los crímenes, si no sino que son las «interpretaciones restrictivas». Algo que motiva que los casos se archiven «sin que los jueces ni siquiera conozcan los hechos».

Otras recomendaciones sí que han seguido la vía de la derogación. Así lo hizo el Comité de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su último informe. En él muestra su «preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor».

Las críticas al poder judicial son frecuentes en las comunicaciones efectuadas por la ONU en los últimos años. En 2013 el Comité para la Desaparición Forzada, que vigila el cumplimiento de la Convención homónima (ratificada por España en 2009), emitió varias recomendaciones, entre ellas, hizo hincapié en la ausencia de «un marco efectivo» para llevar a cabo las investigaciones «independientemente del tiempo transcurrido» y «aunque no se haya presentado una denuncia formal».

A ello le añadió un reproche directo al Ministerio Fiscal al denunciar que «los fiscales no hayan iniciado las investigaciones» pertinentes. Lejos de iniciar las causas de oficio, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción en la que pedía suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles a petición de María Servini.

Por su parte, de Greiff concluyó tras su visita que los magistrados cuentan con «nuevos argumentos para no avanzar en las causas judiciales» gracias a la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo, que absolvió al juez Garzón de un delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes franquistas, pero sí estimó que hacerlo fue una decisión «errónea».

La falta de presupuesto para la Ley de Memoria Histórica, que Mariano Rajoy ha dejado a cero desde su entrada al gobierno, también fue identificada por el relator como uno de los motivos para mostrar su preocupación «porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos». Esta dejación institucional es calificada por de Greiff como una «privatización», ya que obliga a los propios familiares y las asociaciones a financiar la búsqueda de los restos. Así ocurrió con Timoteo Mendieta el pasado mes de mayo, localizado en una fosa de Castilla-La Mancha en medio del abandono institucional.

Fuente: www.eldiario.es