Víctor Arrogante: «Yo también quiero decidir»

Esta semana ha estado cargadita de noticias con un denominador común: Catalunya y el derecho a decidir. Demasiada invocación a la Constitución sobre el soberanismo y poco en defensa de derechos y libertades recogidos en la Carta Magna y que el Gobierno incumple. Esto si es una vergüenza democrática; como el rescate bancario que lo vamos a pagar entre todos, pese a tanta declaración de que correría a costa de los banqueros. También yo quiero ejercer mi derecho a decidir y avanzar hacia la República federal.

Preguntar no debería ofender ni responder tampoco. Negando el derecho a decidir sobre el modelo territorial, se niega el derecho a decidir sobre el modelo político, social y económico. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, el Gobierno y los partidos que le apoyan, entienden que preguntar si ofende y facilitar el ejercicio de la palabra un delito. La gente, el pueblo, la ciudadanía, deben ser libre para decidir su futuro. Soy internacionalista y no defiendo fronteras ni territorios, defiendo a la gente obrera, a la clase trabajadora a la que pertenezco y a la ciudadanía soberana.

Se ha puesto de moda el término de partidos «constitucionalistas», al referirse a los grupos políticos contrarios al soberanismo. Yo pretendo que la Constitución se cambie por otra acorde con los tiempos y las aspiraciones del pueblo. Defiendo el Estado social y democrático y que los derechos fundamentales que recoge se hagan cumplir. También que los derechos sociales −De los principios rectores de la política social y económica−, tengan las mismas garantías que los fundamentales y las libertades públicas. Que las libertades no se vean sometidas a cargas ideológicas reaccionarias como la «ley mordaza», que limita y coacciona la libertad de expresión y el ejercicio de la protesta legítima. Lo que ocurre es una vergüenza democrática y que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría no se ha referido a ello y debería hacerlo por dignidad y decencia política. Rajoy dice que no tolerará que los catalanes incumplan la ley; incumplir la ley es financiar su partido ilegalmente, incumplir la Constitución, la Ley de Dependencia o la de Memoria Histórica.

El Tribunal de Cuentas reclama al expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros diez altos cargos que asuman el gasto de dinero público que autorizaron en 2014 para la consulta del 9-N, y que la Fiscalía cifró en 5,1 millones de euros. Han sido citados para fijar la liquidación provisional y determinar las cantidades sobre las que debe responder cada uno de ellos, y de no hacerlo el embargo de sus bienes. Todo parece que alguien se ha saltado el Estado de derecho y dar un salto cualitativo en su estrategia desesperada de fomentar el miedo para impedir el 1-O.

Enlazando con lo anterior: el Banco de España ha publicado en el último balance, el coste de la crisis financiera. Un total de 14 entidades financieras recibieron 54.353 millones de euros para su rescate o recapitalización, de los que se han recuperado 3.873 millones. De otras operaciones, el supervisor prevé recuperar otros 10.402 millones. Resumiendo: se van a recuperar 14.275 millones, lo que supone una pérdida para el Estado de 40.078 millones de euros y 82.000 empleos. El gobierno, a sabiendas, mintió al pueblo al negar que hubiera rescate. ¿Actuará el Tribunal de Cuentas con tanta diligencia como con los gastos del 9-N?

El fiscal general del Estado, garantizó que el ministerio público actuará de forma «serena y siempre sometida a la norma» pero tan «firme y enérgica» como requiera la defensa de las instituciones del Estado «patria común e indivisible de todos los españoles». En un acto solemne de apertura del año judicial y ante Felipe de Borbón, aseguró que todas las fiscalías actuarán con celeridad para preservar el orden constitucional, porque «no caben vacilaciones» frente a «la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley». Maza no se acuerda de su amigo el fiscal Moix, «el jefe más nefasto que nunca antes ha tenido la Fiscalía Anticorrupción», que dimitió, pese al apoyo del Fiscal General, en aquella rueda de prensa cargada de falsedades.

El presidente de la Generalitat y los miembros del Govern firmaron el decreto de convocatoria del referéndum. La ley del referéndum fue aprobada con los 72 votos de Junts pel Sí y la CUP. Los 11 diputados de Catalunya Sí Que es Pot se abstuvieron, mientras que los de C’s, PSC y PPC abandonaron el hemiciclo para no dar cobertura a una «ilegalidad». En ese mismo instante, Mariano Rajoy, firmó la orden para que se interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, en el que pide la anulación de los acuerdos y se exijan responsabilidades penales a la presidenta y a los miembros del órgano rector que votaron a favor de la admisión a trámite de la ley. El Constitucional (¿separación de poderes?), admitió a trámite los recursos presentados, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la vigencia.

En la resolución del Alto Tribunal, reunido con carácter de urgencia, apercibe a más de un millar de cargos públicos, de su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ha admitido la querella de la Fiscalía contra el president Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras; y los doce consellers por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, castigado con penas de prisión, por la firma del decreto del referéndum. El fiscal les acusa no solo de infringir la ley, sino de impulsar «una derogación abierta y deliberada» del ordenamiento constitucional.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, queriendo mostrar la dignidad que no tiene, rodeado de los miembros del consejo de ministros, aseguró que no renunciará «a nada» para impedir que los independentistas catalanes «liquiden de un plumazo» el modelo de convivencia democrático marcado por la Constitución y las leyes. «Nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber; la democracia responderá, lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad». Coincido con Carlos Elordi en que Rajoy no vale para hacer frente a esto; porque no ha negociado; por intereses electorales y por sus propios principios al respecto que mamó desde niño en el franquismo. Pese a todo, la consulta se celebrará y quedará al descubierto que la voluntad de un pueblo, vale más que las amenazas del poder total.

Como no era suficiente con haber aprobado la Ley de Referéndum, el Parlament aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que prevé convertir a Cataluña en una república independiente. La norma salió adelante con los votos de Junts pel Sí y la CUP, con el rechazo de Catalunya Sí Que es Pot. Ciudadanos, PP y PSC se ausentaron, al igual que hicieron el día anterior con la aprobación de la ley del referéndum. La Ley se convertiría en una Carta Magna de la República Catalana independiente (suena bien), si se llegase a celebrar un referéndum y ganase el SÍ a la secesión. Ni el Govern ni la presidenta del Parlament reconocen los dictámenes jurídicos del TC y pretenden seguir adelante en su desobediencia.

No es estar a favor del referéndum, sino que estoy a favor del derecho a decidir de los pueblos. Se podía haber formulado de otra forma si hubiera habido voluntad política, pero Rajoy, el Gobierno, su partido y quienes les apoyan, no la han tenido. Quieren mantener el modelo de la España franquista, en el que no encaja una nación como la catalana, indistintamente de que quieran establecer una república. Ha habido un incremento del soberanismo precisamente porque cuanta más política reaccionaria hay en Madrid, más política de avance soberanista hay en Cataluña.

El fracaso del Gobierno Rajoy, que ha renunciado a la más mínima iniciativa política sobre Cataluña, agrava la crisis del Estado hasta tal punto, que amenaza con llevarse por delante las más altas instituciones estatales. La España de 2017 no es la de 1978, cuando la guerra fría marcó los límites que la transición no podía rebasar, y los padres de la Constitución nos metieron a la monarquía de rondón y sin preguntar. Rajoy no solo no ha buscado el diálogo con la Generalitat sino que allana el terreno para el choque entre la legalidad constitucional y la legitimidad democrática catalana. «El autoritarismo del PP ha hecho que en Cataluña las fuerzas catalanistas y soberanistas se sumaran para defender la democracia», sentenció Coscubiela. Dos democracias enfrentadas en una realidad política en la que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos.

Por cierto, que en un estado de alerta 4 contra el terrorismo, la Guardia Civil esté persiguiendo urnas y papeletas de votación, muestra el cinismo extremo del Gobierno del PP, presidido por Rajoy. Joan Tardà se preguntaba en Twitter y yo con él: Sr. Rajoy ¿qué es más democrático, dejar votar a los catalanes como en Escocia o encarcelar a sus representantes electos? ¿Qué número de presos políticos necesitará para impedir el referéndum de Cataluña? Con 500 presos políticos, la mitad de los cargos públicos a los que ha apercibido el TC, tendrá suficiente para parar el referéndum? ¿Convertirá en presos políticos a los 16.000 voluntarios que se han apuntado como agentes electorales? «Si en el referéndum gana el No habrá elecciones autonómicas y si gana el Sí entrará en vigor la Ley de transitoriedad», afirma el diputado de ERC.

Respeto a quienes muestran sus razones para no votar el 1-O, porque siendo catalanes no residen Cataluña; porque el resultado del refrendo carezca de efectos jurídicos, porque está al margen de las resoluciones de la ONU y de la Comisión de Venecia de la Unión europea, porque entiendan que el procedimiento para aprobar la ley haya carecido de garantías suficientes, porque los soberanistas no representan a la mayoría de los catalanes y otros argumentos igual de respetables. Pero reconózcanme que también es cierto, que todas las leyes, los sistemas y regímenes, se cambian por la voluntad del pueblo, no solo por los intereses del poder económico y el político a su servicio.

Hay políticos, intelectuales y voceros, que pretenden demostrar que es más democrático no votar que votar, cosa que no se entiende, salvo porque no sean demócratas. También yo quiero ejercer mi derecho a decidir y avanzar hacia la República española y federal. Mi deseo, es que se celebre el referéndum, que tenga una participación que le de legitimidad democrática, y que el gobierno reconozca la voluntad del pueblo catalán.