La movilización, impulsada por CCOO y UGT, ha reivindicado derogar la reforma de las pensiones impuesta por el PP en 2013. Sin embargo, hay que recordar que ambos sindicatos dieron luz verde a lareforma de pensiones de 2011 (que supuso, entre otras medidas, la ampliación del período de cómputo para el cálculo de la pensión, lo que suponía una rebaja para las pensiones futuras) y comparten la filosofía privatizadora de las pensiones públicas que inspira el Pacto de Toledo. De hecho, parte de la financiación de CCOO y UGT procede precisamente de las comisiones que obtienen por la gestión de varios fondos privados de pensiones de grandes empresas y de los empleados públicos.
Frente a esa política de CCOO y UGT se levantó la Marea Pensionista, un movimiento de base organizado desde asambleas de barrio y localidad, que reivindica la derogación de las dos últimas reformas de las pensiones (las del 2011 y 2013) y su dignificación a partir de los presupuestos del Estado si fuera necesario. De hecho, CCOO y UGT han empezado a movilizarse ante la creciente influencia de la Marea Pensionista y por el temor a perder protagonismo en una cuestión central para la clase trabajadora.
En declaraciones a los medios antes del arranque de la movilización que ha reunido hoy en Madrid a miles de jubilados que iniciaron el pasado 30 de septiembre marchas desde distintos puntos de España, Sordo ha señalado que no hay “ninguna maldición económica” para explicar que un sistema público con pensiones dignas no puedan ser viables en el futuro.
Sordo ha apuntado que para hacerlo solo se necesita una decisión política: cuánto se quiere gastar este país en sus pensiones. “Se puede ir a un gasto del 15 % del PIB”, ha apuntado.
En la misma línea, Álvarez ha señalado que la fortaleza del sistema pasa por mejorar los ingresos y acercar el gasto en pensiones de España -donde supone el 10,4 % del PIB- hasta el 14 % de los países de nuestro entorno.
Para elevar esos ingresos, los sindicatos han apuntado a diversas vías: subir los salarios más bajos, elevar las dotaciones presupuestarias, recurrir a los impuestos, quitar los topes máximos de cotización o aliviar a la Seguridad Social de determinadas partidas.
Junto a esto, han insistido en la urgencia de derogar la reforma de 2013, que las subidas de las pensiones se vuelvan a vincular a la inflación y acabar así con el 0,25 % y el actual coeficiente de cálculo.
“Que no nos traten de engañar, que no nos digan que suben un 0,25 % porque eso es una bajada, la vida sube un 3 %”, reclamaba Manuel, un jubilado gallego que venía a Madrid junto a su mujer Iluminada para protestar contra unas ” pensiones de miseria”.
“Después de 30 años trabajando me quedaron 600 euros de pensión, con eso no se puede vivir, es una miseria, no hay derecho”, añadía Iluminada.
“¿Cómo vives con 700 euros, cómo pagas la luz, el agua, el teléfono? Ellos (los políticos) no piensan en ello, porque no saben lo que es”, añadía la improvisada portavoz de otro grupo de viudas de Vigo.
Antonio, otro jubilado que venía de Castilla y León, había hecho la marcha no solo por el presente sino por el futuro del sistema.
“Hay que defender estas pensiones y las de nuestros hijos, eso es más importante todavía”, subrayaba Antonio que cobra 1.000 euros de pensión con los que también echa una mano a sus hijos.
Durante diez días, las marchas de pensionistas han recorrido España para terminar hoy con una gran manifestación en la capital, desde la plaza de Atocha a la céntrica Puerta del Sol a la que se han sumado unos 6.000 manifestantes en 100 autocares de distintos puntos de España, según datos de UGT.
Entre 80.000 y 90.000 pensionistas han ido participando en las cuatro rutas de esta marcha, a los que se sumaban muchas personas más en cada ciudad a la que llegaban para participar en asambleas y concentraciones, según ha informado a Efe el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Julián Gutiérrez.
La primera ruta partió de dos cabeceras, Santiago de Compostela y Gijón, que se unieron posteriormente en Benavente (Zamora), pasando después por Valladolid y Segovia.
La segunda, comenzó en Santander y transcurrió por Bilbao, Vitoria, Logroño, Pamplona, Huesca, Zaragoza y Guadalajara; la tercera empezó en Castellón y pasó por Valencia, Alicante, Molina de Segura (Murcia), Albacete, Ciudad Real y Toledo.
La cuarta ruta tuvo su inicio en Málaga para pasar después por Granada, Córdoba, Sevilla, Mérida (Badajoz), Cáceres, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Talavera de la Reina (Toledo) y Toledo.
El objetivo de estas marchas es reclamar al Gobierno cambios que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, mejorando la estructura de sus ingresos y derogando la reforma de 2013.
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