El gobierno del PP, además de conseguir una salida de la crisis favorable al capital –que vuelve a batir récords de beneficios a costa del salario y de los derechos sociales de la mayoría social trabajadora– ha hundido a la economía española en una situación que hace presagiar nubarrones todavía más negros para lasclases populares.
La política neoliberal del PP, bajo los dictados de la UE, ha llevado la deuda pública española y los correspondientes intereses a un nivel altísimo, cuando además el principal comprador de esa deuda, elBCE, reducirá a la mitad las compras de deuda a partir de enero. Esa situación, además de una subida del precio de la deuda y del correspondiente pago de intereses, llevará a la necesidad de aumentar los ingresos o reducir los gastos.
Y conocida es la receta del gobierno del PP –y la de sus aliados Cs y PSOE— ante esta situación: reducir gastos en lugar de aumentar los impuestos a quienes más tienen. ¿Y qué gastos se recortarán? Esta claro que no serán ni en defensa, ni en la casa real, ni en las bonificaciones y beneficios fiscales de las empresas y grandes fortunas…, es decir, volverán a reducir el gasto en sanidad, educación, pensiones y prestaciones y servicios sociales. Así será ya en 2018, año en que, según datos que el gobierno ya ha proporcionado a la UE, se reducirá en dos décimas en educación (del 4 al 3’8% del PIB), en sanidad (del 6 al 5’8%), en pensiones (con el incremento de las pensiones por debajo del IPC en los próximos años y la entrada del factor de sostenibilidad en 2019) y en gasto social. Y si deciden incrementar impuestos es fácil imaginar cuáles serán: los indirectos, con el IVA a la cabeza.
Todo ello salvo que, y es pedir peras al olmo, el gobierno, éste o cualquiera de las combinaciones previsibles en las próximas elecciones (PP, Cs y PSOE estarán en él), giren radicalmente en su política económica y social, aplicando un plan de emergencia en favor de la mayoría social (aumento del gasto en sanidad, educación, pensiones, servicios y prestaciones sociales, plan de obras públicas, derogación de las reformas laborales y salario mínimo de 1200 euros…), aumentando los impuestos a las grandes empresas y fortunas y persiguiendo el fraude para financiarlo, suspendiendo si es necesario el pago de una deuda ilegítima al servicio del enriquecimiento de la gran banca…
Ante este panorama parece claro que sólo la movilización y organización de la clase trabajadora (ese es el reto para el sindicalismo alternativo) y de los movimientos sociales (estudiantil, por el derecho a la vivienda, marea pensionista…) podrá detener los planes gubernamentales y abrir posibilidades de lograr esas reivindicaciones, en un contexto además en que, con la excusa de lo que llaman el ‘desafío catalán’, intentan no sólo aplastar al movimiento por el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, sino recortar de paso más todavía, como ya están haciendo, las de por sí limitadas libertades democráticas(de expresión, reunión, manifestación, asociación, prensa, huelga…) usando para ello la represión policial y un aparato judicial que hunden sus raíces en un franquismo que nunca fue depurado.
Publicamos a continuación el artículo de Eduardo Bayona publicado en el diario Público, bastante esclarecedor al respecto.
Rajoy, empeñado: un billón de deuda pública y 30.000 millones al año en intereses
El endeudamiento de la Administración central rebasa el billón de euros tras dispararlo el Gobierno de Rajoy en 370.000 millones en menos de seis años.
Los gobiernos de Mariano Rajoy llevan gastados casi 170.000 millones de euros en intereses de la deuda pública en menos de seis años de gestión, en los que el endeudamiento de la Administración central se ha disparado en 370.000 para situarse cerca del billón, cota que no ha rebasado oficialmente sólo por una cuestión formal: los débitos de la Seguridad Social se contabilizan aparte.
Ese proceso de empeño ha sido simultáneo a recortes de servicios por más de 29.000 millones, al consumo de los 68.500 de patrimonio que acumulaba la Seguridad Social, y, a pesar de un aumento de la recaudación tributaria cercano a los 10.000 por ejercicio, a una acumulación de déficit de casi medio billón de euros.
Los informes de la Intervención General del Estado sobre la ejecución presupuestaria revelan cómo la factura de los intereses de la deuda pública española se han disparado desde 2011, último ejercicio del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que marcó un récord de 22.100. En esos siete años, el devengo ha pasado de 2,1 a 3,4 millones por hora.
El salto ya fue notable en 2012, el primer año de Gobierno de Rajoy, en el que, con Cristóbal Montoro en Hacienda y Luis de Guindos en Economía, la factura ascendió a 26.297. Se elevó en casi 2.000 más, hasta los 28.030, en 2013 para no bajar a partir de entonces de los 30.000: alcanzó los 31.168 en 2014, bajó a 30.985 al año siguiente y repuntó hasta 31.283 el pasado. Los compromisos de pago entre enero y agosto de este año suman 21.766, aunque la consignación para todo el ejercicio es de 31.135.
El principal acreedor de las comunidades
Las cifras, que indican que la factura de los intereses de la deuda pública de la Administración central se han duplicado desde el inicio de la crisis en 2008(15.124 millones), incluyen únicamente los intereses derivados del pago de la deuda pública, y no otros conceptos similares como los gastos financieros de préstamos, que supusieron otros 1.305 millones el año pasado y 1.035 en los primeros ocho meses de este, o los intereses de demora, que rondan los 82 desde enero de 2016. Tampoco abarcan los débitos de las comunidades autónomas ni de las administraciones locales como ayuntamientos, comarcas y diputaciones.
En los cinco años y medio transcurridos entre el cierre de 2011 y junio de 2017, la deuda de la administración central se disparó en 371.911 millones de euros (un 59,57%) al pasar de 624.238 a 996.149, según recogen las estadísticas del Banco de España, que también destacan cómo esa cifra pasó de equivaler al 58,3% del PIB (Producto Interior Bruto) al 87,4%. Y que indican cómo los 12.433 millones de deuda de la Seguridad Social sitúan el montante total por encima del billón de euros: 1.008.582.
Las comunidades autónomas mantienen un volumen de deuda de otros 285.907 millones mientras las administraciones locales deben 32.412; con comportamientos muy distintos en esos cinco años y medio, en los que las primeras prácticamente han duplicado sus compromisos (debían 145.879) mientras las segundas los reducían un 12%, desde los 36.819 iniciales.
Municipios y comunidades tienen como principal acreedor a la Administración central, que es, a través de organismos como el ICO (Instituto de Crédito Oficial), la prestataria del 60,4% de esas deudas: 193.789 millones, más del doble de los 79.781 de 2011, de un total de 318.319.
El BCE, mayor acreedor y financiador
“Endeudarse es barato por los bajos tipos de interés que se derivan de la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE), y en el caso de España ha mejorado la prima de riesgo”, explica el economista Eduardo Garzón, para quien la viabilidad de esa opción “va a depender de que el BCE mantenga los tipos bajos y siga comprando deuda de forma estable”.
Esa política hace que, según los datos del Banco de España, las letras del tesoro tengan un interés de entre tres y cuatro décimas negativas, que los bonos a cinco años estén en un 0,5% y que las obligaciones a diez y quince años alcancen, respectivamente el 1,63% y el 2,18%.
No obstante, bonos y obligaciones comenzaron a mostrar tendencias alcistas antes de que el BCE, el principal acreedor del Tesoro español y el principal financiador del Estado tras comprar 201.103 millones entre marzo de 2015 y agosto de 2017, anunciara que prorroga su programa de estímulos de enero a septiembre, pero rebajando de 60.000 a 30.000 euros el volumen de compra semanal de deuda en toda Europa.
“Puede haber un repunte de los tipos de interés, pero en todo caso va a ser progresivo y no tiene por qué ser preocupante”, pronostica Garzón, para quien una de las claves que marcará su evolución estará en el comportamiento de los compradores institucionales, algunos de los cuales, como bancos y grandes empresas, deben una parte de su liquidez actual a las inyecciones del BCE.
En cualquier caso, el movimiento anunciado por el principal financiador del Estado español, y titular de más de un 20% de la deuda, ha comenzado a activar alertas ante el evidente cambio de escenario y las posibles respuestas del Gobierno: actuar sobre los ingresos subiendo impuestos o hacerlo sobre los gastos mediante recortes.
Eduardo Bayona
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