Por David Fernández
Cuando las personas que tienen que ejercer la “violencia legítima del Estado” ejercen una violencia claramente ilegítima, ¿cómo debe reaccionar la ciudadanía?
Recientemente hemos podido leer las insidiosas amenazas y los comentarios llenos de odio de una una serie de miembros de la Policía Municipal de Madrid. La indignación ante estas palabras se repite en las redes sociales, en las tertulias y en los bares. Y no es para menos. Las personas que velan por la seguridad de la ciudadanía de Madrid deberían defender valores como el respeto, la justicia y los derechos humanos. Si no es así, ¿qué es entonces lo que defienden? ¿Ante qué nos defienden?
Desgraciadamente esta violencia (verbal) no nos pilla por sorpresa. Llueve sobre mojado. Los lateros y manteros que tratan de subsistir en las calles de la capital llevan meses sufriendo agresiones verbales y físicas por parte del algunos agentes.
Estas declaraciones quizá sean una exclusiva mediática, pero el odio ya patrullaba por las calles e iba acompañado de un soberbio sentimiento de impunidad. Desde el año pasado los colectivos de Lavapiés venimos recogiendo en asambleas, una semana sí y otra también, testimonios de compañeros que tienen que enfrentarse a la violencia de la Policía Municipal. Y lo que es más, hay miembros del Ayuntamiento que estaban informados de ello. Mostraban una buena disposición: “Se abrirán los correspondientes expedientes internos”, comentan, y recomiendan que acudamos ante el Defensor del Pueblo. Parece que los chats desvelados han provocado que se aceleren algunos procedimientos.
Aquí es conveniente explicar un hecho que aunque sea real no resulta tan obvio para mucha gente. Los manteros y lateros no son ciudadanos de pleno derecho. Los ‘sin papeles’ pueden denunciar, sí, pero hay mucho miedo. Póngase en su situación por un momento: se trata de denunciar, sin papeles o con el temor de no renovarlos, nada más y nada menos que a la Policía. Abrir un proceso penal… y al día siguiente volver a la calle a vender, con esos agentes filonazis tratando de detenerte. En definitiva, las agresiones amedrentan, hay miedo. Un miedo humano, demasiado humano, quizá. El temor sirve para que la violencia quede invisibilizada, recluida al ámbito (casi) privado.
Por no hablar de la varita mágica que es la Ley mordaza, que otorga un amplio poder de discrecionalidad a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El pasado 6 de noviembre, el portavoz de Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid (CPPM), Julián Leal, dimitió de su cargo tras conocerse su participación en una protesta de un grupo ultraderechista. Quizá sea esa lógica de “unas cuantas manzanas podridas”.
Leal y la gente que defiende a los actuales policías dicen que sus actuaciones se corresponden al ámbito privado. Ante ese torpe enfoque liberal, nos preguntamos: cuando las personas que tienen que ejercer la “violencia legítima del Estado” ejercen una violencia claramente ilegítima, ¿dónde nos quedamos? ¿Cómo debe reaccionar la ciudadanía? Lo que reclamamos es justicia, simple y llanamente.
admin4rc0
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