La absolución en el caso Ginés y el Bloque supone un atropello contra el pueblo de Coslada.

A lo largo de las últimas décadas se han dado muchos casos demostrativos de la íntima relación entre las instituciones políticas del Estado y el sistema judicial, que contradicen la cacareada división de poderes.

Casos como la exclusión del juez Garzón de la  instrucción de los procesos por corrupción del PP,  la aplicación  de la ley mordaza, la represión contra sindicalistas, cantantes y artistas, etc, comparados con la interminable instrucción de los casos de corrupción en los que están implicados desde cargos públicos hasta miembros de la Casa Real,  prueban que existen dos varas de medir al aplicar la justicia en España

Sólo así puede entenderse la reciente absolución de Ginés Jiménez Buendía y los policías del caso Bloque inculpados por delitos de extorsión, amenazas, cohecho, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, en definitiva, por formar  un grupo mafioso a la cabeza de la  policía municipal de Coslada y dentro del mismo cuerpo. 

Un grupo que campó a sus anchas durante años, tuvo atemorizados a los vecinos que debían proteger y actuó con la completa impunidad que les otorgaba el ser “agentes de la autoridad”

La sentencia no entra a valorar los hechos y se ampara en aspectos exclusivamente formales. Y es que la única razón aportada para la sentencia absolutoria, son los defectos de forma provocados por la propia dilación de los responsables de los policías implicados que tardaron más de diez años en denunciar su actuación.

Todo ello con el consentimiento del primer juez de la causa según dice el propio auto. En definitiva,  mil triquiñuelas jurídicas  para conducir el proceso judicial y conseguir la absolución de Ginés y su banda cuya actuación es aún más grave al prevalerse de su condición de servidores públicos.

Esta sentencia ha dejado al pueblo de Coslada  con una sensación de indefensión  y desamparo total  ante la falta de imparcialidad de la justicia  del estado monárquico. Y también ha dejado al desnudo el carácter de clase de una justica real, al servicio de quienes detentan el poder en este país. Una vez más queda claro que el estado con su judicatura y sus policías no es el estado ideal sino el real instrumento de dominación de una minoría sobre el resto del pueblo y de las clases trabajadoras.

Callar ahora, mirar para otro lado cuando se ha pisoteado de forma tan evidente la obligación de protección de los ciudadanos que compromete a la judicatura, y se ignoran todas las evidencias que prueban la actuación  intolerable de este grupo, alegando defectos formales achacables a quienes forman parte de las instituciones obligadas a defender los derechos de los ciudadanos, es dar por bueno una forma de actuar que condena a la mayoría trabajadora a soportar la arbitrariedad como norma de actuación de los poderes públicos, algo contrario a la democracia.

Los republicanos ante este flagrante atropello jurídico llamamos a arreciar en la lucha y en la organización para acabar con la impunidad de aquellos que deberían dar ejemplo de respeto de la justicia y de la equidad. Llamamos a la unidad para luchar por la III República  que haga realidad una verdadera justicia popular, única garantía para controlar y asegurar la imparcialidad y legalidad en la actuación de los servidores públicos.