Daniel Raventós Gustavo Buster
El nuevo gobierno del Reino de España está dando ya señales de por dónde van a ir algunos aspectos fundamentales de su política. De entrada, pocos cambios, más allá de algunas posturas hacia el frente de Cataluña, tensado con la visita del Borbón a Tarragona recientemente, y anuncios de recuperación de derechos en materia de libertades cívicas. Pero sobre la política económica, las primeras declaraciones son completamente obedientes a las directrices de la UE y a los presupuestos aprobados por el PP hasta finalizar el año, como ha puesto de manifiesto la ministra de Economía Calviño en su primera reunión del eurogrupo. Es decir, casi nada. A ello ya se refería la semana pasada un artículo de Sin Permiso con algún detalle.
Queremos ahora referirnos a un problema del que se habla de vez en cuando en la prensa, se refieren algunos políticos, muchos congresos académicos, algunas tesis doctorales, multitud de artículos periodísticos… pero que se da por inevitable: las grandes y crecientes desigualdades sociales. O, para ser algo más precisos, la acumulación creciente de grandes riquezas en muy pocas manos. Creemos que se trata de una realidad extremadamente importante para la libertad de la mayoría, y que no prestarle la atención adecuada más allá de los mítines de los domingos y fiestas de guardar, es una muestra más de las digamos insuficiencias de las políticas de las izquierdas realmente existentes.
Solamente por citar uno de los informes publicados recientemente, el de Capgemini: el número de ricos en el Reino de España creció más que en el resto de Europa e incluso que en el resto del mundo. Lo que, más allá de los factores estructurales de explotación del capitalismo como sistema, ofrece algún indicio de los efectos de una gestión de los mecanismos públicos durante la Gran Recesión especialmente nociva para los intereses de las clases populares.
Según el gráfico estamos hablando de 650.000 millones (o 650 billones de EEUU) de dólares, al cambio actual unos 560.000 millones de euros, que acumulan algo más de 224.000 personas. Aunque las diferencias entre estas 224.000 personas son lógicamente muy grandes, la media es de poco menos de 3.000.000 por persona. Algo para nada despreciable. Téngase en cuenta que según el IRPF del Reino de España, una persona que cobre más de 55.000 euros anuales brutos forma parte del 5% más rico de la población. Una muestra impresionante de la gran evasión y fraude fiscales de los muy ricos, como se han referido distintos artículos publicados en Sin Permiso. 224.000 personas es el 0,48% de la población del Reino de España. Para hacernos una proporción: el gasto en pensiones es de 139.647 millones, y el pago por prestaciones al desempleo es de poco más de 17.400 millones, es decir, un 25% y un 3,1% respectivamente de lo que acumula este 0,48% (menos de la mitad del “mítico” 1%) de la población del Reino de España. Estamos hablando de cantidades y proporciones de todo punto muy grandes.
En claro contraste, las condiciones de buena parte de la población no rica son mucho peores que al inicio de la crisis. Los ricos, o más precisamente este 0,48% más rico de la población, han pasado de acumular en el inicio de la misma (2008) unos 360.000 millones de dólares a casi el doble, los mencionados 650.000. Hasta aquí las cifras que cualquiera puede comprobar en el mencionado informe.
Ante estos datos -que tampoco constituyen una gran novedad para aquellas personas que vienen siguiendo los resultados de las políticas económicas de los gobiernos de la UE y, más concretamente, las del Reino de España desde al menos mayo de 2010 (con el giro del gobierno del PSOE presidido por Zapatero) hasta hoy-, la primera consideración es fáctica, por lo demás obvia: las desigualdades son grandes y aceleradas. Algo que corroboran permanentemente otras fuentes estadísticas. Pero la segunda consideración es normativa y no es aceptada por la mayor parte de los liberalismos realmente existentes, pero forma parte del ADN de la tradición de la libertad republicana (republicano-democrática para ser más exactos): la gran amenaza a la libertad para la gran mayoría que esta realidad de concentración de la riqueza supone.
¿Qué propone el gobierno del PSOE para atacar la inmensa riqueza de algunos que suponen una amenaza a la libertad de la mayoría? Nada. La “razón” más repetida es que habría fugas al exterior si se realiza cualquier medida contra estas grandes fortunas. Medidas que podrían ser desde un aumento impositivo a una renta máxima. Interesante, aunque se aparta de nuestras consideraciones en este escrito, es que una buena parte de esos “capitales” ya están fuera, en paraísos fiscales fundamentalmente, y que, en perversa lógica, lo que habría que hacer para atraerlos es no ya rebajarles los impuestos sino darles grandes subvenciones fiscales, como hizo en su día Montoro con su amnistía. Y cada vez más, como toda competición fiscal exige. Recuérdese que según el reciente estudio de Alstadsaeter, Johannesen y Zucman, aproximadamente el 12% del PIB del Reino de España está en paraísos fiscales, es decir unos 140.000 millones de euros (curiosamente la misma cantidad que supone el gasto en pensiones). El gobierno del PSOE no propone nada, por el momento, contra esta situación.
¿Por qué debería proponerlo? Quizás debamos decirlo de otra forma. Como el PSOE está comprometido en lo fundamental con los postulados mainstream de la ortodoxia económica, en realidad está haciendo lo que debe hacer al respecto: nada. Entonces la pregunta más precisa sería, ¿por qué debería un partido que estuviera comprometido con la libertad republicano-democrática intentar combatir esta situación?
Por lo siguiente. La libertad republicana se compromete en combatir el dominio y el imperio (dominium e imperium, como más tradicionalmente eran recogidos estos conceptos en latín). El dominio lo ejercen los ricos propietarios sobre las personas que no tienen la existencia material garantizada y dependen del permiso de los primeros para vivir. Dominio que ejercen directamente en algunos casos e indirectamente en muchos otros. Lo que equivale a decir que esta relación de dominación la viven la mayor parte de las personas no ricas. Esta dominación es un impedimento a la libertad. Los grandes ricos, debido a una configuración política a su medida de los mercados que este dominio les posibilita, inciden directamente en la degeneración despótica de las instituciones públicas que podrían ser una contención de la anterior dominación. En Sin Permiso recientemente se publicaba un artículo en el que se apuntaba: “el mundo moderno ha sido el resultado de vastos procesos de expropiación de las bases materiales y simbólicas para la existencia libre del grueso de las clases populares.”
Bien, si no se propone nada “por arriba”, quizás el PSOE, lejos de estar comprometido con la libertad republicana, al menos debería proponer algo “por abajo”, es decir, para mejorar la situación de los que lo están pasando peor. Y sí, efectivamente, algo se propone. Propone algo tan pobre que resulta hasta curioso una falta de imaginación tan extrema. O quizás no sea la imaginación sino su concepción de la realidad social y política el problema. Veamos.
En su programa está el “ingreso mínimo vital”. Unas palabras como otras cualquiera para referirse a un subsidio para pobres. En sus palabras: “crear una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad”. Lo de siempre. Es como la propuesta de Podemos “de garantía de rentas”, aunque esta pretende ser más generosa, pero tiene la misma lógica: subsidios condicionados para pobres, para necesitados, para “fracasados”. Tanta la derecha como la izquierda proponen medidas con la misma característica fundamental: son subsidios condicionados. No hace falta aclarar, pero lo vamos a hacer para evitar críticas fáciles, que no todas las propuestas al respecto del PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos… son iguales. Unas son más generosas que otras, pero la concepción es sí la misma: subsidios condicionados.
Si bien en Sin Permiso se han publicado muchos artículos sobre las diferencias técnicas de los subsidios condicionados con la Renta Básica, no hemos insistido lo suficiente sobre la diferente lógica de concepción de ambas propuestas. Y republicanamente nos interesa establecerlas. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda ex-post a quienes han “fracasado”, después de haber caído. Han “fracasado” debido a la permanencia en el desempleo durante cierto tiempo, o porque incluso disponiendo de empleo se está comprendido en este 15% de trabajadores asalariados que son pobres, los working poor, o por alguna otra razón. Innecesario es añadir que es mejor una situación con subsidios condicionados ex-post que sin ellos a cambio de nada, claro. Pero atiéndase a esta importante realidad: cuando se cae, se “fracasa”, los subsidios condicionados se ofrecen como tabla de salvación (tabla de salvación que además tan solo llega a una parte muy pequeña de la población que realmente la necesita: esta es otra cuestión de la ineficiencia, la insuficiencia y la pobreza de los subsidios dedicados supuestamente a combatir la pobreza). Y como se apuntaba en un reciente artículo de Sin Permiso, cuando se cae (y aún antes de la caída, en el propio mercado laboral, pero eso ahora nos apartaría del hilo argumental) se debe actuar “como sumisos suplicantes.” Suplicantes de un subsidio condicionado.
En un texto dedicado a la “gestión neoliberal de la pobreza” explicaba un buen conocedor de los servicios sociales de Pamplona, uno de los lugares, junto con la Comunidad Autónoma Vasca, con un subsidio condicionado más generoso del Reino (fácil es imaginar cómo debe ser de más grave esta situación en otras comunidades) que los pobres están sujetos a “una especie de culpabilización colectiva [que] les obliga a rendir cuentas por su propia pobreza. A ser investigados por cobrar –los que cobran–, por percibir las ayudas que reciben: paro, subsidios de todo tipo y rentas garantizadas o rentas de inserción. A decir donde están, donde viven, con quién, donde están empadronados, si viajan o no, si salen del país o no, si se casan, se juntan o si les toca la lotería.” Aún así hay quien se empecina en la condicionalidad porque cree que con imaginación se pueden mejorar. A pesar de toda la evidencia acumulada de decenas de años.
La Renta Básica obedece a otra concepción de la libertad, al menos para sus partidarios republicanos. Al ser incondicional se establece ex-ante, como derecho de ciudadanía (y residencia acreditada, como defiende la Red Renta Básica). De manera que se garantiza la existencia material de entrada, “por el mero hecho de ser moradores de un mundo cuya riqueza ha sido producida socialmente y conviene repartir sin exclusiones”, como se defendía en un artículo ya indicado. El carácter incondicional de la Renta Básica supone otorgar un poder de negociación que implica aumentar la libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no rica. Una característica muy apreciada por sus defensores republicanos.
Ni PSOE, ni Podemos (IU menos aún, su apuesta por el trabajo garantizado ya ha sido ampliamente comentada en distintos artículos de Sin Permiso, aunque permítasenos de nuevo una referencia al capt. XXV del t.I de El Capital) apuestan oficialmente por la Renta Básica. Significativo por otra parte es la cantidad de militantes de Podemos que, como se muestra en cada ocasión que se permite y se tercia, defienden esta propuesta. Estos partidos al menos en eso (y ojalá solamente fuera en “eso”), no dan muestras de querer transitar por algún camino nuevo. Quizás es que no entra en su campo de visión y de proyecto. Y lo decimos con pesar, no con ninguna autocomplacencia. Porque las grandes desigualdades son un problema para la libertad de la mayoría y, si no se quiere actuar por arriba, al menos incrementar la libertad asegurando la existencia material de toda la población no sería una mala apuesta. Quizás otros se adelantarán en la propuesta de la Renta Básica. Y entonces veremos.
admin4rc0
Amadeo Martinez Ingles
Colectivo Puente Madera
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