Ignacio S. Calleja
El interventor general del Ayuntamiento de Coslada (gobernado por el PSOE) ha profundizado en su denuncia sobre las presuntas irregularidades en las cuentas del Consistorio y señala ahora la existencia de «pagos black». En un nuevo informe sobre las nóminas del pasado mes de septiembre, firmado el 3 de octubre, insiste en que no están justificados los abonos de las horas extra y las vacaciones de parte de la plantilla municipal. El escrito, además, asegura que estas supuestas anomalías eran conocidas por el alcalde, Ángel Viveros, que ya levantó el reparo inicial.
Como informó ABC, Intervención detectó diversas anomalías en el pago de las horas extra y las gratificaciones asignadas a parte del personal en septiembre. El responsable de este departamento, José Viñas, incluso puso estas irregularidades en conocimiento del Tribunal de Cuentas. En su primer informe bloqueó el abono de un total de50.404,53 euros.
«Se siguen interpretando y motivando verbalmente decisiones y actos que se incluyen en la nómina, sin que consten su justificación con las garantías y requisitos exigidos por la Ley (y que se deben realizar por la Concejalía de Personal), en este caso la inclusión de gratificaciones al personal por servicios extraordinarios y horas extra (…) sin que se cumpla la regla del servicio hecho y justificado», señaló en el reparo.
Pese a la indicación, Viveros levantó la suspensión –con la consiguiente tramitación de las nóminas– tras los informes preceptivos de las áreas de Recursos Humanos y Secretaría General, con la «seguridad» desde Alcaldía de que no se cometió ninguna irregularidad. El interventor, sin embargo, ha elaborado un segundo informe –al que ha tenido acceso este diario– que trata de responder al regidor con una explicación más detallada.
Una vez analizado el contexto, y en virtud de los testimonios recabados y las pruebas, concluye que si bien «es imposible obtener una evidencia o prueba que garantice, con el 100% de certeza, unos hechos o una realidad, pues sobre ellos existe la máxima discreción personal, con una especie de Ley del silencio entre los perceptores», se ve obligado a presentar el reparo. Los recovecos a los que no ha llegado, añade, servirían «para evitar la sospecha de que dichas actuaciones en estos días se consideren como ‘servicios públicos simulados’; o pagos de ‘dinero gratuito’ sin contraprestación o, sencillamente, ‘gastos black’ al no poderse justificar adecuadamente».
Así, el segundo escrito reitera las «deficiencias de control» en personal, habida cuenta del cobro de las horas extra, especialmente en el caso de la Policía Municipal. Estas suponen 43.520,25 euros del total y, de ser cierto el importe presente en las nóminas –siempre según el informe–, significaría que duplicaron sus turnos para estar en la feria, además de que «no se evidencian tantos efectivos todos los días»: «Aquello debía ser un desfile, porque nadie vio tal cantidad de efectivos», añade el interventor.
Denuncia de amenazas
Pero las supuestas irregularidades trascienden de estos «gastos black». Viñas asegura de nuevo que la edil de Economía, Hacienda, Personal, Juventud e Infancia, Macarena Orosa, irrumpió en su despacho «de forma violenta y, a voces», le recriminó el contenido de su reparo. «¡Te vas a enterar!», espetó Orosa según su relato. Pero no solo eso; sostiene que Viveros reconoció «de forma libre y espontánea» en una entrevista (con fecha del 4 o 5 de septiembre) que hay empleados que «cobran gratificaciones sin haberlas trabajados íntegramente».
Para el PP estos hechos son «muy graves» no solo por las presuntas anomalías, sino por la «paralización» de la gestión municipal, ya que el interventor se ha ausentado de las últimas juntas de Gobierno tras su denuncia. «Estamos preocupados por el informe, pero sobre todo por el colapso administrativo», declaran a ABC fuentes de la formación.
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