La invisibilidad oficial de la violencia sexual: ‘Ya es hora de que me creas’

Lula Gómez

La frase “No volvería a denunciar” fue la más repetida entre las múltiples mujeres entrevistadas para el informe Ya es hora de que me creas, publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre violencia sexual contra las mujeres. A pesar de haber aumentado, España ocupa el puesto 25 de los 32 analizados en número de denuncias. El motivo para no acudir a las G, Esteban Beltrán, es que las mujeres no creen que sirva para nada. “No son creídas”, apuntó tajante.

El estudio denuncia que España lleva 30 años en los que las violencias son invisibles debido a la carencia de políticas públicas para luchar contra la violencia sexual. Para el responsable de AI, la violencia sexual en España fuera de la pareja o expareja es masiva e impacta en la vida de millones de mujeres en España y “es oficialmente invisible”.

Amnistía Internacional señala varias cuestiones que obstaculizan que las víctimas y supervivientes de la violencia machista denuncien y puedan gozar de sus derechos. Para empezar, subraya esa invisibilidad como un problema de base, tanto cuantitativo como cualificativo, e insiste en la inacción durante tres décadas de una política que no ha mirado y puesto remedio al horror que sufren el 13,7% de las mujeres españolas que reconocen haber sufrido violencia machista a lo largo de su vida, según la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015.

Otro impedimento es, según el informe, la indefinición de una política pública común en todo el Estado. Asimismo, denuncia la falta de especialización del personal que atiende a las mujeres (policías, servicios médicos, jurídicos…), la necesidad de que exista una denuncia para que se garantice la intervención de personal forense y unos procesos judiciales que no resultan traumáticos para las víctimas, que vuelven a ser revictimizadas. “No puede ser que las víctimas tengan miedo de quienes deben protegerlas”, señaló la autora del informe, Bárbara Tardón.

Realizado durante este ejercicio, la investigación constata que no existen a nivel estatal campañas de información que aclaren qué hacer cuando la víctima ha sido violada o ha sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual. La prueba es que el procedimiento que debe seguir una mujer es distinto según la comunidad en la que viva, si es que existe protocolo. Es lo que AI denomina “la lotería de las comunidades autónomas”. Otra forma de comprobarlo, señalaron, es lanzar la siguiente pregunta al aire: “¿Qué hay que hacer si te violan: primero al hospital (¿vale cualquiera?) o a una comisaría (¿vale cualquiera?)”. No hay cifras, defiende la ONG, que ofrezcan una dimensión real de la violencia sexual. Tampoco hay, subraya, recursos especializados.

A Blanca, por ejemplo, no la creyeron. Blanca estaba en la sala, no quiso ser fotografiada pero no tuvo reparos en contar el peregrinaje que tuvo que sufrir cuando la violaron, a pocos portales de su domicilio. En su caso, según llegó a su hogar, se lo contó a su madre y salieron juntas a una comisaría: no era la buena, la preparada con personal para atenderlas; de esa se fueron a otra –donde tras un interrogatorio de cinco horas–, no la creyeron. De allí partieron a un hospital, tampoco era el bueno. De allí, y en bus, se trasladaron a otro donde el forense seguía sin creerla… Pasaron casi 17 horas hasta que la atendieron y pudo volver a casa a bañarse y descansar. A Mónica Méndez, la madre de Raquel, una joven de 15 años que se suicidó víctima de acoso por Internet, tampoco la creyeron. O lo hicieron tarde, cuando la niña estaba muerta, explicó Méndez ante la prensa.

“La ropa, la hora, el alcohol, la raza, la etnia, la situación migratoria de la mujer… son todo estereotipos que siguen mermando la credibilidad de las mujeres y que está en la raíz del problema”, denunció Beltrán, un factor al que se suma la falta de formación del grupo de profesionales que atiende a las víctimas.

Seis medidas para garantizar los derechos de las mujeres

Para abordar la invisibilidad, el cuestionamiento y la desprotección de las víctimas de violencia sexual, Amnistía Internacional propone:

• Recopilar datos que permitan dimensionar el problema para impulsar así políticas públicas, coordinadas con los gobiernos autonómicos, para la prevención, sensibilización, información, atención y reparación de las víctimas.
• Crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios del Estado español.
• Revisar, actualizar y garantizar la aplicación el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, incluida la violencia sexual, de 2012.
• Reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales, garantizando que se protege la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado, de acuerdo con los estándares internacionales.
• Facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas, formar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos en contacto con las víctimas. Se trata de adaptar las instancias judiciales para que sean espacios que garanticen la confidencialidad y seguridad de las víctimas y sus familiares.
• Impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Para la realización del informe se ha analizado la respuesta de las autoridades y las instituciones españolas, se ha realizado 13 entrevistas individuales a mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual, además de otras 13 a familiares, que accedieron a hablar con la organización en nombre de las mujeres y adolescentes agredidas. Se hicieron también dos entrevistas grupales. Además, Amnistía Internacional se ha entrevistado con 13 ONG y con 57 profesionales (del mundo de la abogacía, psicología, sociología, psiquiatría, medicina y fiscalía, entre otros ámbitos).