El legado de la España republicana: de la reforma agraria a la igualdad de género

ALEJANDRO TORRÚS

Cuenta el historiador Ángel Viñas que los monárquicos declararon la guerra a la República el mismo 14 de abril de 1931. La proclamación de la República ya era para la extrema derecha monárquica sinónimo de Revolución y no estaban dispuestos a permitirlo. Al fin y al cabo, España había sido suya durante siglos y no estaban dispuestos a compartir el poder. Y mucho menos con masas obreras organizadas. Pero una cosa es declarar la guerra y otra cosa es hacerla. Para lo segundo necesitaban armas modernas, especialmente, aviones de guerra. Y los monárquicos se lanzaron en brazos de la Italia fascista. En otoño de 1935 la alianza ya estaba sellada: monárquicos y fascistas se habían conjurado en la tarea de evitar que la izquierda volviera a gobernar en España. El 18 de abril de 1936 se consumó la amenaza. Un golpe de Estado fracasado derivó en una Guerra Civil, que culminó con la victoria de un actor secundario en la rebelión, como era Francisco Franco. 

Pero el 14 de abril de 1931 nada hacía prever que la República terminaría en guerra. Las crónicas y fuentes de aquel día describen un clima de euforia popular, fiesta pacífica y desborde de expectativas. «Después de décadas de gobiernos cada vez más incapaces de responder a los retos y demandas generados por una sociedad en plena transformación, y con un sistema político en crisis que no dudó en asumir la fórmula dictatorial del general Primo de Rivera, todo se derrumbó como un castillo de naipes y sin que corriera una gota de sangre. Unas elecciones municipales acabaron con el reinado de Alfonso XIII, y con él cayeron en cadena la monarquía y el propio régimen de la Restauración«, escribe el historiador José Luis Ledesma. 

La alegría y desborde de aquel 14 de abril de 1931 fue reflejado, por ejemplo, por el ilustreFernando Fernández Gómez en su libro de memorias El tiempo amarillo en el que cuenta cómo su abuela le llevó a una Puerta del Sol abarrotada de gente que celebrara eufórica el fin de la Monarquía. O como contó Ángeles, que ahora tiene 100 años, en el podcast de Público La democracia frente a la barbarie: «Mi madre me explicó que la República era la libertad«.

El 14 de abril de 1931 suponía, por tanto, el inicio de un nuevo proyecto para España. Un nuevo régimen que tenía por delante el reto de asumir las profundas reformas de un país anclado en el pasado. «Se aplicó un ambicioso programa educativo; se abrieron para las mujeres nuevos espacios en los terrenos privado, laboral y político (derecho al voto); apareció el ‘Estado integral‘, precedente del actual Estado autonómico; fue regulado el mercado laboral implicando a ayuntamientos y sindicatos; se programó una anhelada reforma agraria que había de paliar la miseria millones de campesinos sin tierras; se intentó modernizar y despolitizar al Ejército…. No eran iniciativas dispersas, sino fruto de un amplio proyecto de democratización social y política que pasaba por la primacía del poder civil sobre el militar y eclesiástico y por la apertura del diseño institucional y de la vida política al conjunto de la sociedad. Lo que se hizo con mayor o menor fortuna fue dar un paso más allá, el primero que aquí se dio hacia lo que andando en el tiempo se denominaría Estado social de Derecho«, prosigue Ledesma. 

Obviamente, la nueva República naciente también cometería errores. No se trata de glorificar cualquier tiempo pasado ni dibujar balsas de aceite o arcadias de ilusiones y felicidad. Los conflictos y la violencia fueron una realidad cotidiana. Ya lo fueron antes, durante la dictadura del general Primo de Rivera. Sin embargo, la II República y el 14 de abril de 1931 dejó para el presente una herencia clara. En palabras de Ledesma: «El valor no solo político sino moral de las apuestas por la democratización del Estado y la sociedad, a pesar de las resistencias en contra; y la supeditación de los privilegios a lo colectivo, de la privatización de lo social a lo público, a la res pública«. «La nueva República naciente también cometería errores. No se trata de glorificar cualquier tiempo pasado ni dibujar balsas de aceite o arcadias de ilusiones y felicidad»

Quizá el poeta Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, describió mejor que nadie la situación que se había dado aquel mismo día de 1931: «Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del provenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes«. 

A modo de resumen, estas fueron algunas de las principales reformas que emprendió la República entre 1931 y 1933 y que, posteriormente, retomaría tras las elecciones de febrero de 1936 hasta el golpe de Estado de julio de 1936. El resultado de aquel golpe ya lo conocemos. Lo resumió a la perfección Paquita en su testimonio para el podcast La democracia frente a la barbarie: «La gente pensó que la guerra se ganaría. El pueblo español podía con el fascismo español. Pero no pudo con el fascismo español más el italiano y el alemán«.

El último presidente de la II República, Juan Negrín, interviene en la Sociedad de Naciones

1. Proyecto educativo

«En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún momento, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Ya lo siento mucho; pero esta es la verdad defensa de la República«. Con estas palabras, Manuel Azaña defendió en el Parlamento la apuesta por una escuela pública, laica y de calidad. 

La historiadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid Mirta Núñez expresó a Público que la reforma educativa emprendida por la II República puede ser definido como su «proyecto estrella». Las instituciones republicanas proyectaron desde el inicio la creación paulatina de 27.000 escuelas, pero mientras se construían, los ayuntamientos adecentaron salas donde educar a los niños. Y a los mayores. También se dignificó la profesión de maestro y se elevó el salario. 

Las misiones pedagógicas llegaron a más e 1.200 pueblos de toda la geografía del Estado

2. Reforma agraria

El Gobierno provisional de la II República declaró en mayo de 1931 su voluntad de acometer una reforma agraria integral que facilitara la transformación social, política e industrial de España y la «posibilidad de una democracia aldeana». Una reforma que se antojaba fundamental si se tenía en cuenta que casi el 50% de la población activa española se dedicaba a trabajar la tierra. El objetivo marcado era mejorar los bajos rendimientos agrícolas y paliar el paro que asolaba entre jornaleros y campesinos.El objetivo marcado era mejorar los bajos rendimientos agrícolas y paliar el paro que asolaba entre jornaleros y campesinos

La Ley de Reforma Agraria aprobada por las Cortes establecía en su base quinta que serían expropiables aquellas fincas que fueran ofrecidas voluntariamente; las públicas detentadas como propiedad privada en aquel momento; las compradas con fines especulativos; los señoríos jurisdiccionales; las no regadas pudiendo serlo; las que supusieran, en un solo propietario, más de un 20% del líquido imponible del conjunto de tierras de un término municipal; las explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento; las incultas o mal cultivadas, y aquellas que fueran superiores a un determinado número de hectáreas para aprovechamientos de secano o regadío.

Sin embargo, el proyecto apenas sí pudo llevarse a cabo. Por un lado, la República no dispuso del músculo financiero necesario para expropiar las tierras. Por otro, las derechas y grandes latifundistas hicieron todo lo que estuvo en su mano para frenar este proyecto. Lo poco que se avanzó fue desandado tras el golpe de 1936.

Campesinos sin tierra ocuparon fincas durante la República.

3. Laicismo

La «cuestión religiosa» fue uno de los grandes debates de la España que amaneció republicana. El momento cumbre de su debate en cortes fue el 14 de octubre de 1931. Aquel día Azaña pronunció el ya célebre: «España ha dejado de ser católica». El que después sería presidente de la República defendió de esta manera que la nueva Constitución tenía que ser laica por definición y que las congregaciones religiosas tenían que estar reguladas por ley y apartadas del sistema educativo. Así se plasmó en la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas de junio de 1933. 

«La Iglesia no sufrió desde el primer día una persecución sistemática. Lo que hubo fue un proyecto para avanzar en un terreno, la separación Iglesia-Estado y la secularización, en el que se iba muy por detrás de otros países católicos como Francia, Italia o Portugal. A partir de ahí, aparecen dos grandes actuaciones que no cabe meter en el mismo saco: desde arriba, políticas laicistas a golpe de leyes, decretos y artículos de la Constitución de 1931; desde abajo, movilizaciones y agresiones anticlericales, que se tiñeron de sangre en octubre de 1934″, escribió Ledesma para Público. 

4. Igualdad hombre y la mujer

El Gobierno republicano-socialista del primer bienio impulsó un amplio conjunto de leyes que amparó los derechos políticos y civiles de las mujeres y su incorporación a la vida política. Entre ellas, el sufragio universal y el principio de igualdad de género. Por primera vez, las ciudadanas españolas eran ciudadanas de pleno derecho. «La República empujó a la mujer a tener y a buscar una presencie autónoma y no subordinada en la esfera pública. La llevó a perseguir y a lograr un trabajo asalariado con el que poder subsistir autónomamente y trató de inculcar la igualdad a través de la educación», señaló la historiadora Mirta Núñez. 

Esta voluntad igualitaria de la II República se reflejó en numerosas reformas legales en los ámbitos de la maternidad, la familia, el trabajo y la educación que consolidaron los derechos de las mujeres. Un dato estadístico que habla de esta decidida apuesta de los gobiernos de centro-izquierda de la República es la afiliación de 741.771 trabajadoras al Seguro Obligatorio de Maternidad que introdujo un servicio estatal de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras entre 1931 y 1935, según aporta Mary Nash, catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona.La Constitución recogía que “el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos”

Además, la Constitución recogía que “el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos”. De esta manera, la Carta Magna introducía el nuevo principio de la igualdad en la familia. También cabe destacar que se reguló la igualdad de trato entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y se otorgó el derecho a la investigación de la paternidad. Por último, la Ley del Divorcio de 1932 fue otra medida significativa al admitir la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo y asentarse en el principio de la igualdad entre los cónyuges.

En Catalunya, de hecho, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo por primera vez en España en 1937, en plena Guerra Civil. Años antes, Federica Monseny había intentado que la legislación se aplicara en toda España. 

Clara Campoamor sentada en su despacho de abogada | EFE

5. Descentralización del Estado

El artículo 1 de la Constitución española de 1931 recogía: “La República constituye un Estado integral, compatible con la Autonomía de los Municipios y las Regiones”. Por consiguiente, la Carta Magna apostó por un modelo descentralizado con regiones autónomas y descartó el federalismo. El 9 de septiembre de 1932 el Estatuto de Autonomía de Catalunya fue aprobado en el Parlamento por 334 votos a favor y sólo 24 en contra.

Antes, había sido votado en referéndum con una aprobación multitudinaria: de un censo de 792.574, 595.205 votaron a favor y sólo 3.286 en contra, según datos de Andreu Mayayo i Artal, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona. Al Estatuto catalán, le siguió el de Euskadi, que se aprobó en octubre de 1936 con José Antonio Aguirre como primer lehendakari. En Galicia se aprobó en 1932, pero tras ser frenado por el bienio negro, fue presentado a las Cortes en julio de 1936. En Andalucía, tras diferentes parones, se retomaron las gestiones en junio de 1936. La sublevación militar impidió la puesta en marcha de ambos.

“La experiencia republicana influyó en la transición a la democracia tras la muerte del dictador. En primer lugar, para subrayar el carácter plurinacional de España se incorporó el concepto de “nacionalidades y regiones” (luego plasmado en la Constitución de 1978) en los acuerdos entre las diversas plataformas de la oposición democrática. En segundo lugar, se empezó primero por la Constitución para luego acoplar los proyectos de estatutos”, escribió Mayayo para Público.