Es hora de terminar con esta monarquía corrupta

Urge una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Urge también que los medios de comunicación colaboren en el desenmascaramiento de su figura, porque muchas otras cuestiones esperan revelaciones: entre otras, su turbio papel en el golpe de Estado del 23-F del coronel Tejero y de Milans del Bosch. Si en España no se han iniciado todavía investigaciones judiciales sobre el anterior monarca, sus actividades sí que están siendo investigadas por la fiscalía de Suiza.

La monarquía está en medio del torbellino de la corrupción, porque ha sido durante muchos años la garantía de todo tipo de abusos, negocios sucios y procedimientos delictivos que han mantenido, de hecho, el entramado corrupto que creó la dictadura franquista en España. La transición democrática no puso freno a esa casta corrupta que sigue oprimiendo el corazón del país, y cuyos beneficiarios han sido siempre cómplices y compinches de muchos de los negocios del anterior monarca. Si se desconoce el monto total de la enorme fortuna acumulada por Juan Carlos de Borbón, que medios como la revista Forbes calcularon en 2.000 millones de euros, sí son públicas las numerosas informaciones que han aparecido en los últimos años dando cuenta de negocios del padre de Felipe Borbón con la trama Gürtel; de una cuenta denominada “Soleado” que compartía con empresarios españoles y de la que se tuvo conocimiento tras la detención del asesor fiscal suizo Arturo Masana; de los negocios que puso al descubierto el caso Malaya aunque no hayan tenido consecuencias para el anterior monarca; de inversiones ocultas en urbanizaciones en la República Dominicana y de comisiones millonarias gestionadas por Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, entre otras muchas actividades delictivas que explicarían su cuantiosa fortuna.

La aparición de cuentas offshore en paraísos fiscales, la utilización de hombres de paja como el finado Colón de Carvajal y de sus relaciones con convictos como Javier de la Rosa y Mario Conde; el hecho de que un bufete de abogados británico comunicase en 2019 a su hijo, Felipe Borbón, que era beneficiario de una cuenta de la Fundación Lucum, y muchas otras actividades semejantes, ponen al descubierto, por si hubiera alguna duda, la radical deshonestidad de Juan Carlos de Borbón y de la monarquía española. A esa Fundación Lucum llegaron 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, y de ella salieron 65 millones para las cuentas de su amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein y para alguna otra de sus relaciones anteriores. ¿Cuántos millones de euros habrá acumulado Juan Carlos de Borbón para que se permitiese regalar sesenta y cinco millones de dólares a su amante?

El distanciamiento entre ambos amantes, el escándalo de los safaris africanos, la evidencia del hipócrita papel desempeñado ante los ciudadanos españoles con su cortejo de amantes mientras presidía ceremonias oficiales con Sofía de Grecia, puso fin a su reinado, pero no a su fortuna ni a su indigno papel de presunto delincuente. La propia Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha denunciado las presiones ejercidas sobre ella y sobre sus hijos por parte de agentes cercanos a Juan Carlos de Borbón, en un acoso que ha anunciado que denunciará ante los tribunales. Pero, más allá de las disputas entre esos personajes, todo ello pone en evidencia el recurso de Juan Carlos de Borbón a los servicios secretos del Estado y a su diplomacia para llevar a cabo sus negocios, para ocultar su actuación, para presionar a quienes pudieran revelar aspectos de su vida y sus negocios. Las informaciones de la prensa europea han revelado que también la Fundación Zagatka, que sufragaba sus viajes privados de avión por el mundo para atender sus negocios o para disfrutar de su lujosa vida, forma parte de ese turbio entramado del anterior monarca, quien, ahora, incapaz de ofrecer la más mínima justificación de sus negocios sucios y de sus cuentas en paraísos fiscales, ha designado al abogado Javier Sánchez-Junco Mans para que hable en su nombre y le represente.

El hecho de que, ante la evidencia del escándalo, Felipe Borbón renuncie ahora a su herencia, no le exime de responsabilidad: de hecho, el actual monarca intenta establecer un cortafuego, una trinchera, un muro, para salvar la monarquía, para mantener su propia función como monarca en España. No puede obviarse que si Felipe Borbón ha dado ese paso está reconociendo implícitamente que Juan Carlos de Borbón se ha comportado siempre como un vulgar delincuente de guante blanco. Sin embargo, el hecho de que Felipe Borbón conociese de antemano esas circunstancias y las actividades delictivas de su padre, le contamina sin remedio: salir hoy al paso, renunciando a su herencia y anulando la asignación que Juan Carlos de Borbón cobra injustificadamente del presupuesto público que el país pone a disposición de la Casa real, cuando pudo hacerlo hace un año, y que afirme que dio cuenta a “las autoridades competentes” de esas cuentas en paraísos fiscales de su padre, sin que el país sepa a qué autoridades se refiere, lo inhabilitan definitivamente para ejercer la jefatura del Estado. No tiene ninguna credibilidad que Felipe Borbón pretenda alegar desconocimiento sobre los negocios turbios familiares, que pretenda desconocer la corrupción de su familia y de la monarquía, más conociendo sobradamente, como conoce, el vergonzoso e insultante estilo de vida de Juan Carlos de Borbón.

Que, después del estallido del escándalo, la Casa Real difundiese un comunicado afirmando que “la Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad” parece, a la vista de años de abusos y atropellos, de corrupción y vergüenza de esa Corona que Felipe Borbón quiere interesadamente preservar, más una burla que una honesta rendición de cuentas ante el país, más una forzada excusa que una pública petición de perdón ante los ciudadanos españoles por los delitos cometidos por la Corona durante décadas, que han sido posibles, entre otras circunstancias, por la protección y el pacto de silencio sobre sus actividades. Desde su llegada a la jefatura del Estado por obra del dictador, la complaciente prensa española ocultó los sucios procedimientos y la deshonestidad de Juan Carlos de Borbón, convirtiéndose en cómplice, junto con la mayoría de los gobiernos que se han sucedido en el país, de un monarca que ahora aparece ante los ojos de los ciudadanos como un presunto delincuente, un estafador, un hombre que ha levantado una fortuna gracias a procedimientos propios de los más corruptos empresarios capitalistas.

Esta monarquía es una pesada hipoteca que la dictadura franquista dejó sobre el país. Una monarquía que ha vivido en el lujo, el despilfarro y el delito gracias a la imposición tras la muerte del dictador Franco, y, después, por la protección y el silencio de los gobiernos que se han sucedido desde 1975 y por una sostenida campaña publicitaria que vendió a los ciudadanos la mentira de un rey campechano, cercano a los ciudadanos españoles; unos gobiernos y una prensa que llenaron años de noticias sobre la supuesta integridad de Juan Carlos de Borbón, sobre su supuesto y falso papel como artífice de la democracia, sobre su fingida dignidad, ocultando su radical deshonestidad y su vergonzosa vida privada. Pero España no merece seguir soportando esta vergüenza. Si Felipe Borbón renuncia a la herencia de su padre, debe comenzar por hacerlo con la más importante: su función de monarca. Porque Felipe Borbón debe abdicar.

Aunque ahora, como es inevitable, la principal preocupación de los trabajadores y de los ciudadanos del país sea hacer frente a la crisis del Covid-19 y a sus consecuencias en el empleo, en la protección social y en la sanidad pública, nadie debería dejar de lado que España necesita con urgencia poner fin a las largas décadas de una monarquía costosa, inútil y corrupta, abriendo paso a la proclamación de una república que sostenga la estima de los españoles y asegure la justicia, la dignidad y la decencia en el gobierno de los asuntos ciudadanos.