Más de 40 colectivos piden que la Ley de Memoria garantice el acceso a archivos de la Guerra Civil y el franquismo.

Hace unas semanas un investigador pidió al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, que intentara lo que él no había conseguido: acceder en el Archivo Regional de Madrid a datos que pudieran orientar sobre la cifra exacta de personas muertas a causa de las bombas franquistas en la capital española entre 1936 y 1938.

Para ello Silva solicitó datos de los hospitales de aquél entonces, pero la información también le fue denegada, con la excusa de que la Ley de Protección de Datos ampara la privacidad de las personas que aparecen en esos archivos. «Me dijeron que había unos pocos ingresados en los hospitales con problemas de salud mental, y que por tanto había que proteger su derecho a la intimidad», explica a elDiario.es.

Este impedimento para acceder a información valiosa no es aislado. Es habitual que la petición de un documento sea denegada porque en el mismo hay referencias a personas que aún podrían estar vivas, aunque no lo estén. En la práctica muchas veces acceder o no a un archivo depende de la interpretación que un funcionario haga de la norma. Esta ley, junto con la de Secretos Oficiales de 1968, opera a menudo como obstáculo para las familias de víctimas del franquismo, para historiadores, investigadores y organizaciones de derechos humanos. Es decir, dificulta el derecho a la verdad.

Evidencias de violaciones de derechos humanos

Miles de documentos continúan siendo inaccesibles, a pesar de que probablemente podrían suministrar evidencias de violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura, claves sobre lo ocurrido, historias de personas, datos sobre las desaparecidas. Es decir, a día de hoy sigue sin haber garantía de acceso a la verdad, un derecho contemplado como tal por Naciones Unidas, clave para la reparación.

Ante esta situación las asociaciones de archiveros han seguido de cerca el desarrollo del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática elaborado por el Gobierno. Su conclusión es que existen algunos puntos que deben ser modificados, si el objetivo de la ley pretende ser facilitar el acceso a información clave. Por eso 48 asociaciones de profesionales de los archivos, de investigadores, de familiares de víctimas, de memoria y de derechos humanos han presentado enmiendas al borrador de la ley, elaboradas por la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública, confiando en que el Gobierno las tenga en cuenta.

Defienden la creación de un censo o catálogo, accesible online, «en el que quede claro qué fondos hay y quién los puede tener», explica Santiago Saborido, director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. «Para ello, se necesitan medios y equipos, hay que invertir tiempo en la búsqueda, catalogación y digitalización», añade. 

 

“Este borrador de ley vuelve a repetir las vaguedades de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no aportó mayores facilidades para acceder a los archivos»

 

Las 48 asociaciones firmantes de las enmiendas señalan la importancia de garantizar «el acceso a la verdad», es decir, a archivos y documentos sobre la Guerra Civil y la represión franquista, tanto a personas investigadoras como a familiares de víctimas de la represión franquista.

Consideran que el borrador de la ley «vuelve a repetir las vaguedades de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que, lamentablemente, no aportaron ni un mayor uso de los archivos para las víctimas de la represión ni mayores facilidades para consultar los documentos que pueden suministrar evidencias de violaciones de los derechos humanos», y por ello plantean una propuesta alternativa.

El otro asunto que preocupa a los archiveros es el punto del anteproyecto referido a los archivos presidenciales, que «pretende dar carta de naturaleza a una Fundación que se crearía para gestionar los archivos de los presidentes constitucionales, totalmente al margen del Sistema Español de Archivos», algo que consideran «redactado ad hoc para facilitar las cosas a la Fundación Felipe González», encargada de gestionar los archivos del expresidente.

«Que sean accesibles de forma libre»

Las asociaciones firmantes proponen una alternativa al artículo 26 del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, para que los archivos relacionados con la represión «sean accesibles de forma libre, independiente de la Ley de Protección de Datos, y que en ese censo se puedan ir incorporando todos aquellos documentos que el Consejo de Memoria Democrática pueda considerar de interés», señala el presidente de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública, Antonio González Quintana, en conversación con elDiario.es.

«Esta ley no parece atender las tareas urgentes que tienen los archivos por delante, es decir, facilitar un mayor acceso a los archivos y garantizar el acceso a la verdad», indica Sergio Gálvez, archivero e historiador. «Hay una contradicción en el anteproyecto entre el preámbulo y algún artículo. El preámbulo dice que la ley se basará en recomendaciones del Consejo Internacional de Archivos y de la Unesco, lo cual está muy bien porque eso sería un avance en la política de derechos humanos. La sorpresa es cuando vamos a los artículos. Son prácticamente lo mismo que los de la Ley de Memoria de 2007 en lo referido a los archivos», añade.

«Pongamos un ejemplo: En un expediente del año 1952 aparece una dirección postal de un antiguo notario. Eso implica que tienes que, como archivero anonimizar esa dirección, y eso lleva tiempo, porque tienes que digitalizarlo, pasarlo a Adobe, etc. La Ley de Protección de Datos protege unos derechos, pero no hay ninguna disposición que piense en los derechos humanos, contemplados por el Consejo Internacional de Archivos, que señala que hay que garantizar el acceso a cuestiones vinculadas a crímenes de lesa humanidad», prosigue.

 

Creemos que la situación de la Fundación Felipe González es lo que ha generado este punto final del borrador de la ley, al que nos oponemos.

 

Necesidad de más recursos

Gálvez subraya que hay que «incluir la política de archivos en primera línea de la agenda política de este país, porque está en juego acceder al pasado y a los derechos de verdad, justicia y reparación. No hablamos de pasado, también de presente y de futuro». Señala además la importancia de garantizar vías específicas de acceso a la información para las víctimas «en los casos en los que se han conculcado los derechos humanos».

«El Estado, si quisiera, podría dotar a los archivos de los recursos precisos para que en un plazo pequeño de tiempo se pueda normalizar una situación que actualmente evidencia el déficit democrático de este país. Es una cuestión de voluntad política», añade.

Otro de los obstáculos que actualmente dificultan el acceso a la información es la falta de capacidad que hay en la red de archivos. Así lo denuncia Henar Alonso, archivera en el Archivo General de Ávila: «No hay capacidad ni material ni humana para gestionar y procesar toda la documentación que tenemos, sobre todo en los archivos judiciales militares».

«Nos preguntan mucho por desaparecidos del bando republicano. De los republicanos no tenemos ni las listas ni los expedientes clasificados como los tenemos de los integrantes del bando sublevado, porque durante el franquismo se sobrevaloró la información referida al bando propio y se escondió la del bando republicano. Por lo tanto es mucho más difícil. Es información que o no tenemos, o no está bien descrita de origen, o ni siquiera hemos abierto las cajas donde puede estar», explica Alonso.

Los archiveros consultados por elDiario.es coinciden en señalar la necesidad de una Ley General de Archivos, que regule todo lo referido a los mismos, y que se derogue la Ley de Secretos Oficiales, aprobada durante el franquismo. 

Los archivos presidenciales

En las enmiendas presentadas, las 48 asociaciones proponen que se anule el punto del borrador de la Ley de Memoria referido a los archivos presidenciales. «Contiene una falta de criterio archivístico e incluso democrático», denuncia Santiago Saborido.

«No puede ser que los archivos de la mayor autoridad de nuestro sistema democrático, el presidente, no vayan al sistema estatal correspondiente y se queden en manos de terceras personas del partido político de turno, o de los sucesores de éstos», comenta. «Estados Unidos, en ese sentido, es un ejemplo. Tiene un sistema de archivos presidenciales que contempla que se incluya hasta la llamada telefónica más baladí o el último e-mail, y que esté custodiado en archivos públicos», señala.

«La disposición final sobre archivos presidenciales del borrador de la ley parece destinada básicamente a resolver el problema legal de la Fundación Felipe González, que es un problema serio», apunta Sergio Gálvez. «El problema de esa Fundación es cómo se montó: González se llevó los documentos de la Moncloa a diferentes ubicaciones que no conocemos. Es decir, en vez de que el Archivo Central del Ministerio de Presidencia se hiciera cargo de ellos, los tuvo retenidos. Y luego en la Fundación fueron publicándolos poco a poco. Esto vulnera toda la Ley de Patrimonio y la normativa de archivos, y podría hasta incurrir en delitos tipificados en el Código Penal. Es grave. Creemos que la situación de la Fundación Felipe González es lo que ha generado esta disposición final», indica.

«Planteamos eliminar la Disposición final séptima, que articula mediante una Fundación pública un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En democracia, la muerte de un presidente no puede ser un criterio sobre la documentación de su cargo público», añade González Quintana.

«Nos oponemos a su inclusión en la ley porque, de aprobarse, vendría a avalar el expolio que pudieran haber cometido los expresidentes que se hubieran apropiado ilegalmente de la documentación producida como consecuencia del ejercicio de su función presidencial, incumpliendo así gravemente lo estipulado en el artículo 54 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español», indican los 48 colectivos firmantes de las enmiendas presentadas.