No es invasión, es crisis humanitaria.

Estamos ante una crisis humanitaria de enormes dimensiones que aprovechan la derecha extrema y sus amigos extremo-fascistas para hablar de una “invasión” marroquí, creando un estado de alarma totalmente desmesurado. Es indignante ver como estos patriotas de hojalata intentan hacer caja electoral con el sufrimiento ajeno. Parece ser, según estos partidos políticos, que niños foráneos de ocho y diez años van a provocar un grave problema con nuestra integridad territorial. ¡Vaya dislate!

Los refuerzos policiales y el propio ejército están interviniendo en Ceuta, las más que cuestionables “devoluciones en caliente” a Marruecos se están produciendo sin el menor sonrojo en territorio español. Se está jugando en la frontera sur de Europa con la vida de numerosas personas, por el capricho de un dictador norteafricano y por una política migratoria que atenta, en la mayoría de los casos, contra los más básicos derechos humanos. Desde esta tribuna, recordamos que la voluntad de los seres humanos de encontrar un futuro más digno difícilmente se puede contener a medio plazo a través de medidas coercitivas. Las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan nuestro planeta: fracturas entre el Norte y el Sur global, las emergencias climáticas, las guerras interminables y este año la pandemia de la COVID19, son ejemplos de ello. Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización como intenta reiteradamente la Unión Europea y el Gobierno español es un objetivo condenado a fracasar.

Según el magnífico informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021” de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en 2019, se produjo según cifras del INE, un incremento de 748.759 personas extranjeras que llegaron a España. Compárese con el número que ese mismo año llegaron a España por la Frontera Sur, que fue de 32.513 personas, es decir, tan solo un 4,3% del total de la inmigración. Y, sin embargo, todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en la expulsión de ese 4,3% de las personas que entran en España jugándose la vida porque se les impide desde los Gobiernos que puedan hacerlo de forma segura. Estos recursos invertidos van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros o los Centros de Detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros), pasando por los mismos CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla, a las vallas en ambas ciudades, verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado.

El tema migratorio es una responsabilidad de nuestro país, pero no olvidemos que es también de Europa. A pesar de que la UE presume de estar cimentada sobre los derechos humanos, tristemente, cuando de gestionar la materia migratoria se trata, las instituciones europeas lo hacen bajo la lógica exclusión-expulsión de las personas migrantes. Es la propia Unión Europea la que está avalando, con sus políticas, la vulneración de derechos convirtiéndolas en una parte intrínseca de un círculo vicioso en el que se superponen aporofobia, racismo, excepcionalidad, (in)seguridad, violencia y muerte.

Es necesario que las instituciones y autoridades europeas aborden la migración de manera integral en todas sus vertientes, no solo en materia de inmigración irregular. Impera la ausencia del enfoque de derechos humanos y la falta de compromiso con el derecho internacional, especialmente en lo relativo al derecho a la dignidad, al refugio, a migrar y al principio de no devolución. Las autoridades de la UE lo que están haciendo es consolidar y reforzar el concepto de Europa fortaleza, el cual cuesta miles de vidas humanas al año y nos avergüenza día a día. Se invierten los esfuerzos, tristemente, en reforzar muros y subir vallas, en lugar de apostar por una acogida segura.

En definitiva, la complejidad del asunto migratorio no nos puede hacer olvidar la necesidad de respetar los derechos humanos en el territorio de todos los Estados miembros de la Unión Europea. No es una invasión, es una crisis humanitaria.