Justicia bajo sospecha.

Hace muy pocos días que en este país ha ocurrido algo muy grave y de lo que poco se ha hablado. El pleno del Consejo General del Poder Judicial, aprobó por 15 votos a favor y 6 en contra el informe sobre la Ley de Memoria Democrática. El informe aprobado cuestiona que se pueda ilegalizar fundaciones por apología del franquismo, por incitación al odio o a la violencia contra las víctimas del golpe de estado. «La apología del franquismo, siempre que no exista el requisito adicional de menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque sean contrarias a los valores de la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión«, ha concluido el CGPJ. ¿Alguien entiende algo?

El poder judicial español siempre tan exquisito cuando se trata de amparar a quienes ensalzan el franquismo. Resulta repugnante que en nombre de la libertad de expresión se garantice el funcionamiento de fundaciones que hacen apología del franquismo, siempre y cuando no generen mensajes de odio contra las víctimas. Esto sí es la cuadratura del círculo. Los magistrados no han querido entender que la simple existencia de tal fundación ya genera de por sí un mensaje de odio y de menosprecio hacia quienes fueron represaliados y ejecutados por el franquismo. Una vez más el poder judicial español evidencia profundas lagunas democráticas. ¿Alguien en su sano juicio imagina una fundación Adolf Hitler funcionando con total normalidad en Alemania? Por lo que se ve España sigue siendo diferente. Los miembros del poder judicial defendiendo el legado del dictador asesino no tienen autoridad moral para hablarle a nadie de justicia, se pongan todas las togas que quieran. Esta caverna judicial está bajo sospecha, son la voz de sus amos.

La justicia en España es el hazmerreír de Europa y la vergüenza nacional. Un país que mete en el calabozo a unos titiriteros, que sentencia a penas de cárcel a raperos, que multa a revistas como Mongolia y que considera normal la exaltación de una dictadura de 40 años que provocó decenas de miles de muertos y que eliminó los derechos más fundamentales, empezando por el de libertad de expresión, tiene un grave problema con su «Justicia». La forma en que se realizó la transición permitió que se amnistiasen los crímenes cometidos en los cerca de cuarenta años de gobierno dictatorial y, lo que es mucho más grave, hizo posible que siguieran administrando justicia los mismos que habían sancionado los abusos ahora perdonados. En los últimos tiempos han ocurrido hechos graves que demuestran que el régimen constitucional del 78 no ha superado, cuarenta años después, las barreras del franquismo y no pasa página con la dictadura surgida a partir de la rebelión militar de 1936 contra el orden constitucional de la II República.

Hagamos un poco de pedagogía histórica. Los consejos de administración de Endesa, La Caixa, Telefónica o Iberdrola fueron el cobijo a principios de la democracia de la mitad de los últimos ministros franquistas. La otra mitad recalaron en la política. También en la Justicia hubo puerta giratoria: 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público franquista ascendieron al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, de jueces franquistas, de la noche a la mañana, pasaron a jueces demócratas de toda la vida.

Los datos de un estudio reciente del CIS son muy elocuentes. En dicho trabajo se «recoge la mala consideración que tienen los españoles sobre la Justicia y la corrupción de los jueces, que consideran en un 80% que es bastante o muy necesaria una reforma de la Administración de Justicia porque al 59% les inspira poca o ninguna confianza, puesto que el 51% considera que el grado de independencia de los jueces es bastante bajo o muy bajo por su politización y corrupción». Es triste comprobar como la Justicia de España, en términos generales, está priorizando los intereses de las élites frente a los del pueblo, dado que el poder judicial español se ha convertido en el artífice de la regresión democrática española a base de tergiversar el espíritu de la Constitución del 78 e imponer una interpretación sesgada de los hechos y de las leyes, siempre favorable a posiciones conservadoras cuando no directamente franquistas.

El mismo poder judicial que se ensaña con los presos políticos catalanes, se niega a encarcelar a los falangistas que atacaron Blanquerna; el mismo poder judicial que destituyó a un presidente catalán democráticamente electo por colgar una pancarta que pedía libertad es el que se negó, hace unas semanas, a retirar un cartel xenófobo de Vox que sólo inspiraba odio. Mientras no haya una reforma en profundidad de leyes y de personas en el Poder Judicial, la democracia española derivará progresivamente en un régimen de corrupción institucionalizada y necesariamente contrario a las libertades.

Hay que abrir las ventanas, que entre un viento fuerte que arrastre a los jueces con olor a naftalina, para que entren en esos órganos jueces demócratas que no estén hipotecados con la Iglesia Católica, con los partidos de ultra derecha y con otros poderes fácticos. Mientras esto no ocurra, la Justicia de nuestro país estará bajo sospecha.

@CPuenteMadera