Por Danilo Albin @DANIALRI
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) seguirá con las puertas abiertas. El proceso emprendido por el Gobierno para impulsar su ilegalización en el marco de la Ley de Memoria Democrática se ha visto frustrado por la convocatoria de elecciones generales anticipadas, por lo que su futuro estará en manos del Ejecutivo que el próximo 23 de julio salga de las urnas.
En una respuesta enviada el pasado día 8 de mayo al senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno destacó que se estaba tramitando «de forma urgente» en el Congreso una modificación de la ley de Fundaciones «con la finalidad de agilizar el procedimiento, plazos y efectos de la resoluciones dictadas a efectos de extinción de fundaciones».
El Ejecutivo alegó entonces que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas generaba «inseguridad jurídica sobre los trámites a seguir en este procedimiento, los plazos para su cumplimiento, así como los efectos de las resoluciones del protectorado de Fundaciones».
Por lo tanto, veía indispensable una modificación de la normativa que debía ser aprobada en el Congreso.
La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre pasado contempla en su disposición adicional quinta que serán objeto de «causa de extinción» aquellas fundaciones que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo».
«A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales», señala la normativa.
La FNFF y al menos otras seis fundaciones –entre las que se encuentran la Fundación Yagüe, que homenajea al responsable de la matanza de Badajoz, la Fundación Blas Piñar o la Fundación José Antonio Primo de Rivera– encajan en esos supuestos.
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria, el presidente de la FNFF, el militar retirado Juan Chicharro Ortega –quien ocupó altos cargos en la Armada en plena democracia y llegó a desempeñarse como ayudante de campo de Juan Carlos I– declaró varias veces la guerra a la nueva norma y no ocultó su desprecio hacia lo que denomina «gobierno socialcomunista».
En manos del Protectorado
En cualquier caso, Chicharro sabe que aún hay una esperanza. Tanto el PP como Vox se han mostrado contrarios a la Ley de Memoria Democrática y han pedido su derogación.
El candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ya dejó claro que si llega a La Moncloa barrerá con esa ley y, por tanto, dejará a la Fundación Francisco Franco y otras entidades similares a salvo de cualquier ilegalización.
«De acuerdo a la Ley de Memoria, el proceso de extinción de la FNFF corresponde al Protectorado de Fundaciones, dado que se trata de la Administración pública competente en estos casos. Por tanto, dependerá del gobierno de turno, y si gana el PP sabemos que no tendrá ninguna voluntad de hacerlo», afirmó a Público el abogado Jacinto Lara, experto en temas de memoria histórica.
Esperando a Feijóo
Mientras tanto, en la ultraderecha ya se frotan las manos. Tras conocerse la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, el digital franquista ÑTV –que tiene entre sus colaboradores al presidente de la FNFF– celebró en un artículo que la disolución de las Cortes «frena las leyes inicuas de la ingeniería social anticristiana».
«En cuanto a la Ley de Memoria Democrática, que iba a ser el instrumento de acoso a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, podría pasar a mejor en caso de que el gobierno pasara a manos del PP y Feijóo cumpliera su promesa de derogarla», pronosticó.
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