Discurso de don José Maldonado en París (11 de febrero de 1974).

 

Señor embajador de la República Socialista Federal de Yugoslavia, señor ministro de los Estados Unidos Mexicanos, señoras y señores:

 

Quiero que mis primeras palabras en este acto -y no mera cortesía- vayan dirigidas a los representantes de México y Yugoslavia, países, que en este mundo conturbado, en el que vivimos, en el que con tanta frecuencia se imponen los intereses más sórdidos, tienen una política exterior que inspira esencialmente en los más elevados principios de la moral internacional. Por su fidelidad a esos principios ambos países nos ayudaron en la terrible guerra que padecimos, que nos fue impuesta por el fascismo interior y del exterior. Por su rigurosa concepción del Derecho siguen reconociendo, como legítima representación de los españoles, las instituciones republicanas en el destierro y a su Gobierno.

 

El contingente numeroso y a la vez calificado, intelectual y socialmente, de españoles que han encontrado generoso asilo en la hospitalaria tierra mexicana, se ha asimilado de tal modo al país, que se ha producido una simbiosis perfecta, lo que hace que nuestros compatriotas emigrados allí tengan dos patrias, sin que prive en ellos la de origen sobre la de adopción ni viceversa. Y en cuanto a sus hijos, los que llegaron allá siendo unos niños o lo que nacieron luego en el país, ya son plenamente mexicanos y firme esperanza de una fecunda colaboración, para mañana, entre la democracia republicana de México y la democracia republicana de España.

 

Los voluntarios yugoslavos, que defendieron las trincheras de la Libertad de nuestro país, los «españoles» como allí les llaman, no dieron por cancelado su compromiso con nosotros cuando retornaron al suyo, y hoy siguen, con atención y con calor, alentándonos en la nueva fase de nuestra lucha contra la dictadura. Por otra parte, algunas de las realizaciones yugoslavas, especialmente en materia social, constituyen experiencias positivas, que los españoles, en su día, habremos de tener en cuenta, para servirnos de ellas, acomodándolas a las características de nuestro país, cuando se pongan en pie las nuevas estructuras que se imponen para marchar al unísono con las de la sociedad europea del siglo XXI, de la que ya están surgiendo los cimientos.

 

Mi saludo cordial y mi reconocimiento también, a las personalidades no españolas, figuras señeras del pensamiento y ciudadanos, en el sentido más noble del vocablo, nuestros fieles amigos de siempre, que nos honran aquí con su presencia y a las, no menos ilustres, que se han adherido fervorosamente a este acto; a esos republicanos auténticos, a los que afectan como si fueran propios los atentados contra la Libertad, contra los Derechos Humanos, cualquiera que sea el lugar de la tierra en que se cometan.

 

Y, para terminar con esta parte inicial de mi intervención de hoy, unas palabras más. El vicepresidente del Gobierno, mi muy querido y viejo amigo señor Just, se encuentra por motivos de salud, en la imposibilidad de asistir a esta reunión. De todos es conocida la acusada personalidad intelectual y política de Julio Just, quien desde sus años mozos, al lado del gran Blasco Ibáñez, estuvo siempre en la vanguardia de las luchas por el triunfo de los ideales republicanos. Diputado en los tres Parlamentos de la República, director general, subsecretario y ministro, en los días angustiosos de la guerra civil, es una de las más prestigiosas figuras de la política republicana española.

 

Tampoco, por encontrarse enfermo, estará hoy a nuestro lado, como esperaba, nuestro dilecto amigo Jean Cassou, eminente escritor y crítico de arte, de origen en parte español, a quien debemos, además de una ayuda constante y eficaz, inolvidables páginas de exaltación de nuestro pueblo.

 

Sé que estos dos hombres venerables merecen vuestra consideración y vuestro respeto y no pido para ellos el homenaje de un caluroso aplauso, porque estoy persuadido de que va a surgir, espontáneo, de la mente y del corazón de todos.

 

 

Aquí estamos hoy, queridos amigos, renovando con esta reunión, una añeja tradición, la de conmemorar, como hacían los viejos republicanos y como hacíamos nosotros, en los días de nuestra ya lejana juventud, la fecha de la proclamación de la primera República en España y para afirmar, como entonces, nuestra fe y nuestro propósito de restablecer en nuestro país esa forma de gobierno, la República democrática, parlamentaria y social, cuyo contenido está inscrito en el texto constitucional de 1931. Y si como republicanos defendemos la República, como demócratas aspiramos a restaurarla democráticamente, por vía pacífica, como quería Antonio Machado según ese hermoso texto, de rigurosa ortodoxia republicana, que se ha distribuido y que yo acabo de leer.

 

Si esa orientación pacífica, a la que me he referido , no estuviera , como está, inspirada en un acendrado patriotismo, la impondría el más elemental sentido pragmático, puesto que ése es el parecer de los españoles, que, si bien quieren cambios en la vida política y en las estructuras del país, no se muestran propicios, en su inmensa mayoría, a aceptar que la mutación se haga provocando conmociones.

 

¿Es realizable ese doble empeño al que he aludido? Yo estoy persuadido de que sí. Pero, para lograrlo, es preciso que los republicanos, todos los republicanos que acepten de veras el juego limpio de las prácticas democráticas, coordinen y aúnen sus esfuerzos en una dirección, hacia un objetivo común. Hacen falta, por otra parte, imaginación y decisión. Podremos tener la cabeza en las nubes, en el ideal; pero será menester que, al mismo tiempo, tengamos reciamente hincados los pies en la tierra, en la realidad que nos circunda. Hemos de saber realizar la síntesis entre las ilusiones de Don Quijote y el sentido práctico de Sancho Panza, la cual, como alguien dijo, es fiel imagen de la mentalidad de nuestro pueblo.

 

La República está inscrita en el devenir histórico de España, nuestra misión, la de los republicanos, consiste en saber acelerar las etapas, aprovechando las circunstancias favorables, que los últimos sucesos acaecidos en nuestro país pudieran precipitar.

 

Veamos, pues, aunque sea someramente, para saber a qué atenernos, cuál es el panorama en la actualidad, partiendo de sus antecedentes inmediatos.

 

 

 

No es un secreto para nadie, que la dictadura española vivió hasta la fecha en medio de una coyuntura internacional favorable -la pugna, que como sucede con frecuencia, enfrentó a los vencedores después de la terminación de la última guerra- lo que permitió al dictador, al mismo tiempo que se imponía en el interior por la coacción y la violencia, realizar en el exterior una política zigzagueante y oportunista, merced a la cual pudo mantenerse en el poder. Y, evanecido, endiosado, persuadido quizá de su papel de jefe carismático, de «hombre providencial, enviado por Dios para salvar a su pueblo», con el artilugio de la llamada Ley de Sucesión imaginó el insensato propósito de lograr la «permanencia e inalterabilidad» del sistema a través de una Monarquía «instaurada», es decir, emanada de la guerra civil, cuya legitimidad se funda por lo tanto en un drama, en la división de los españoles en dos categorías, mejor aún, en dos castas; la de los vencedores, que según se ha manifestado con reiteración, no renuncian a la victoria, y la de los vencidos, la de los oprimidos, la de los nuevos parias.

 

Y al al-higuí anunciado para desempeñar ese innoble cometido, acudieron en tropel un buen número de personas, de «estirpe regia», que reunían las demás condiciones exigidas al efecto por el texto que regula la sucesión. El preferido, el designado, fue, como sabéis, Juan Carlos de Borbón. Precisamente el nieto de Alfonso XIII, el hijo de aquel a quien, según los principios sucesorios de la Monarquía hubiera correspondido ser Rey, si esta institución no hubiera desaparecido de España por la voluntad popular en abril de 1931. Quiero ello decir que el ahora titulado Príncipe de España, dio sus primeros pasos en la vida pública traicionando a su padre. Y Juan Carlos juró sin inmutarse las «Leyes Fundamentales» y su lealtad a los «Principios del Movimiento», con la esperanza, salvo accidente, de ceñir un día la Corona, no la tradicional, la de sus abuelos, sino la de esa dinastía de nuevo cuño que habría de hacerle su primer titular.

 

Más tarde, sin duda por temor a que esa fidelidad fuese fingida, temor fundado tratándose de los Borbones -«París bien vale una misa», «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional»- se pensó en evitar ese riesgo. Y así, en momentos en que no había designado aún presidente del Gobierno, se decretó -curiosa forma de disposición testamentaria- que a partir del momento del fallecimiento de Franco, ejerciera aquella función el señor Carrero Blanco. De esa forma, con el pretexto de que no se produjera un vació en la gobernación del país, lo que realmente se hacía era ponerle al futuro rey, más que un mentor o un tutor, un cancerbero, que pusiera coto a esas supuestas veleidades.

 

La figura clave del dispositivo sucesorio era, pues, el almirante Carrero, el más asiduo y fiel colaborador del dictador; el hombre fuerte del sistema, cuya mente e ideología era más bien la de un cruzado medieval que las de un gobernante de este tercio final del siglo XX. Su desaparición, en la mañana del 20 de diciembre, no sólo dio origen a un simple cambio de Gobierno, sino que abrió en realidad una grave crisis institucional. Así como el atentado que le costó la vida al general Prim constituyó en gran parte a que no se consolidara la Monarquía de Saboya, de la que había sido principal promotor, el que acabó con la del almirante Carrero, uno de los artífices del intento instaurador pone en evidente peligro esa Monarquía nonata.

 

Así lo corrobora la forma como se constituyó el nuevo equipo ministerial (de lo que el futuro rey se enteró, como los demás mortales, por la Prensa), y también, y sobre todo, su composición, tan significativa por las presencias y aún más por las ausencias; alguna tan destacada, que podía hacer pensar en un cambio de rumbo radical. Digamos de paso, que la solución dada a la crisis hizo aflorar las intrigas soterradas de los diferentes e irreconciliables clanes del sistema, sólo conocidas por los iniciados, poniéndolas así a la luz del día y al alcance de todos.

 

Los peligros de esa situación no dejaron de captarlos los partidarios del Príncipe, por lo que éste, viendo que el nuevo Gobierno le dejaba un flanco al descubierto, se apresuró a reunirse en Estoril con su padre, para tratar de descartar ese riesgo. Por las noticias que nos van llegando y por deducciones que son fáciles de hacer, nos vamos enterando de las deliberaciones de esa reunión familiar. Parece que el hijo no se sentía muy amparado por la «legitimidad» franquista -llamémosla así porque así la llaman- y quería reforzarla con la que su padre podía brindarle; pero su interlocutor replicó que no estaba dispuesto a renunciar a lo que él entiende que son sus derechos a la Corona, decisión ésta, que había de hacer pública días después.

 

Os estaréis probablemente preguntando: ¿Por qué ese relato de los conciliábulos de la familia real española? Por varias razones: En primer término, porque no se puede resolver un problema, cualquiera que sea, sin tener en cuenta todos los elementos que intervinieron en él. En segundo lugar, porque tengo la esperanza de que lo que estoy diciendo y lo que luego voy a decir, pudiera salir de las paredes de este recinto, llegar a otros oídos y a otras mentes, a los que todo esto puede ser sin duda interesante; y además y esto es quizá más esencial, porque esas intrigas, como habréis adivinado, giran en torno a un tercer personaje, de sangre real también, que está hasta ahora silencioso, aunque no ocioso. Todo lo cual trae a mi memoria los manejos y andanzas de la triste Corte de Carlos IV, los de María Luisa y los de su hijo Fernando explicables en los primeros años del siglo XIX, en las postrimerías del antiguo Régimen, pero anacrónicos e inoperantes en 1974. Y además, y sobre todo, porque me indigna, como os indigna seguramente a vosotros, pensar que de lo que se trata es de prefigurar el destino de España, marginando a su principal protagonista, que es el pueblo, que somos los españoles, todos los españoles. Pues no, se equivocan, el destino de España no se juega, no ha de jugarse, ni en los salones ni en las alcobas de los palacios, ni en las cacerías, ni en las «suites» de los grandes hoteles, habrá de jugarse en definitiva, en las urnas.

 

 

Pero, volvamos a Don Juan, que es caso que merece capítulo aparte. Don Juan, que desde 1969 no había hecho públicas manifestaciones políticas, hace ahora declaraciones a los periodistas, reúne ruedas de prensa, «aunque sean confidenciales»; dice prudentemente, en forma encubierta, algunas cosas y encomienda a sus voceros que las digan de manera más explícita. Todo parece indicar, en suma, que está decidido a entrar en la palestra. Pero, ¿Cuáles son esos derechos a la Corona a los que, como hemos dicho antes, no está dispuesto a renunciar? ¿Cuáles son los que, en definitiva reivindica? ¿Los de la Monarquía tradicional? Esos derechos no existen, porque estaban basados en el pacto constitucional que don Alfonso vulneró en 1923, al establecer la dictadura. Afirma también Don Juan, y en eso tiene razón, «que no hay ninguna Monarquía en Europa que no esté refrendada por el pueblo»; pero olvida algo esencial, que las Monarquías europeas son Monarquías establecidas, consolidadas, porque tienen una base democrática, porque respetan la voluntad popular, a la que consultan periódicamente a través del sufragio. No es ése el caso de España. La Monarquía española dejó de existir -ya lo dijimos- el 14 de abril de 1931, como consecuencia de unas elecciones, cuya validez reconoció el propio rey don Alfonso XIII al proclamar que «no tenía el amor de su pueblo», en otros términos, que le había fallado el «referendo» que legitima la existencia de esas Monarquías europeas y a las que se refiere Don Juan. De ese hecho sacó el rey las consecuencias y confiando que «ese desvío había de ser definitivo» decidió apartarse de España, «reconociéndola así (son sus propias palabras) como única señora de sus destinos». ¿Habrá que recordar además que en tres consultas electorales sucesivas el pueblo le otorgó su «referendo» a la República, en junio de 1931, en 1933 y en 1936? El rey don Alfonso, al declarar, como acabo de recordar, que España, es decir, los españoles, debemos ser los únicos dueños de nuestros destinos, expuso una doctrina correcta. Eso y no otra cosa es lo que no hemos cesado de proclamar nosotros; pero no debe haber racionalmente restauración de una Monarquía derrocada, que aspire a ser democrática, sin previa y limpia consulta electoral por medio del sufragio universal; derecho del que los españoles estamos privados desde hace 38 años.

 

Pero aún hay más. Si nos atenemos a lo sucedido en esa rueda de prensa celebrada en París -que conocemos (según dicen), por la indiscreción de un periodista- en ella dijo Don Juan que «la Monarquía, si llega -no es mía sino de él esa expresión dubitativa- llegará sin referéndum, pero habrá que hacerlo después». El referéndum, esa forma de la democracia semidirecta, está incorporado a nuestra Constitución, la de 1931, la última votada por los españoles, pero se ha incorporado a ella en su versión ortodoxa, la de ratificar o desaprobar un texto legal votado por las Cortes. En cuanto a ese referéndum del que se trata, es, en realidad, una argucia, para escamotear, suplantándola, esa expresión de la voluntad popular, que sólo en apariencia se respeta. La experiencia de los últimos años, de los referéndums en España -cerca del 100% de los votantes han aprobado la Ley de Sucesión en 1947 y cerca del 100% ratificaron la Ley Orgánica de 1966-, prueban, sin posible error, que han sido una burda simulación, la que, por otra parte, no ha engañado a nadie.

 

No, desengáñese quien tuviere esa intención dolosa. Podría quizás llegarse así a la restauración del Régimen; pero no se lograría consolidarlo. Lo que está en juego es el porvenir de España, la vida de los españoles en las próximas décadas. Es problema serio, transcendental, que obliga a todos, cualesquiera que sean las preferencias políticas de cada uno, a afrontarlo con dignidad y con alteza de miras. Si se trata de establecer de veras el juego limpio de la democracia, no es lícito, y además sería inútil, tratar de perturbarlo, falseándolo desde su momento inicial.

 

«¿Y nosotros? He hablado hasta ahora de lo que no aceptamos, refiriéndome a nuestros adversarios, los partidarios de la Monarquía, e implícitamente me he referido, a la vez, a lo que deseamos, la República democrática, parlamentaria y social. Será preciso ahora saber cuáles son los medios que, a mi entender, pueden hacernos lograr ese objetivo. Pero, ante todo, una advertencia previa. No me propongo, irresponsablemente, despertar en vosotros un entusiasmo estéril; no trato de haceros concebir ilusiones que luego no habrían de realizarse. Os invito a una reflexión serena, a un examen sincero de la realidad, tal como yo la veo, que puede y debe ser fecundo.

 

Comenzaré por una afirmación, la de que el rescate de la República ha de ser obra de la voluntad de los republicanos, de que el logro de esa aspiración depende esencialmente de nosotros, de lo que unos y otros, unidos, seamos capaces de hacer.

 

Al intento de perpetuar el franquismo sin Franco, que eso es lo que, con matices, representan lo que siguen siendo pretendientes al Trono, hemos de responder nosotros manteniendo enarbolada, con más decisión que nunca, la bandera de la República. Han fracasado los intentos que hubieran podido conducir con rapidez al ejercicio pleno de la soberanía nacional. Ha pasado la hora de las soluciones de tipo constituyente. La opción del momento es ésta: Frente al propósito restaurador de la Monarquía, impuesta a la fuerza, la decisión de restaurar la República democráticamente, por la voluntad soberana del pueblo. Se impone, pues, la creación de un amplio frente decididamente republicano, cuyos componentes estén identificados con la realización de ese fundamental objetivo. En el seno de las instituciones, en el del Gobierno, que se ha constituido como un Gobierno abierto, si ése es el deseo de los partidos y organizaciones; en un movimiento paralelo y coordinado con aquél, si ésa fuese su voluntad. Éste es el llamamiento que yo me permito hacer, después de haber calculado su alcance y meditado sus consecuencias. De la aceptación o del desvío con que se acoja la iniciativa, dependerá el que se aproxime o aleje el día de la restauración de la República.

 

En el primer supuesto, se podrá contar, como punto de partida, con valiosos elementos, procedentes de los diferentes estratos de la sociedad española: Con profesores y catedráticos, con médicos, ingenieros y abogados, militantes de los partidos que actúan en la clandestinidad y con otros miembros de esas profesiones, que son virtualmente republicanos, y que si no están hoy, estarán mañana en las formaciones políticas de todas las tendencias cuyo denominador común es la República. Contaremos además con lo que es en todas partes vanguardia del movimiento renovador, con los obreros, que lanzan virilmente todos los días un reto a la dictadura; con los hombres jóvenes, lo que se han incorporado en los últimos años a la vida profesional; y con los estudiantes, los hombres de mañana que, con el generoso impulso de su ardor juvenil, proclaman sin miedo su propósito de contribuir a la edificación de una sociedad más justa. Y a esa corriente habrá que sumarse también, y desde ahora -hecho nuevo en la vida política de nuestro país- una parte no desdeñable del clero. Diréis, que eso es poco, es cierto, y de ello tenemos plena conciencia, como la tienen quienes en España protagonizan esa inquietud; pero, lo que es evidente, es que ese movimiento de opinión, que es de tendencia inequívocamente republicana, se viene acentuando sin cesar y tiende a incrementarse con rapidez. Y a él y a su acción, habrán de incorporarse otros elementos de esos mismos sectores sociales; la abrumadora mayoría de la población activa del país, cuyas legítimas aspiraciones sólo pueden verse realizadas con la República.

 

Y en el caso, que nos parece improbable, de que no se atendiera aquel requerimiento, las instituciones republicanas proseguirán, como hasta ahora, en ese empeño. Ya sé que la tarea no es fácil, que en virtud de la ley biológica de que el órgano que no funciona se atrofia, se ha creado en España un clima de despolitización, de indiferencia por lo político; pero también sé que se está produciendo un fenómeno, que ya es irreversible, que hace que aunque escasas, sean cada día mayores las posibilidades de informar y orientar a nuestros compatriotas, de hacer resurgir el sentimiento ciudadano; de crear, en suma, un estado de conciencia republicana que habrá de terminar por imponerse.

 

A todas esas capas sociales, a las que lo desconocen, hemos de tratar de hacerles ver que la República, en la aceptación actual del término, es más, mucho más, que una simple forma de gobierno, tiene, sobre todo, un contenido : es, en primer lugar, el sistema más puro de la democracia representativa, puesto que todos los poderes emanan del pueblo; permite el disfrute de todas las libertades públicas: la de expresión, la de reunión, la de asociación (política o sindical), el derecho a la huelga; lo que hace impensable que en el Estado republicano pueden emplearse impunemente esas formas arbitrarias de represión, en estos días acentuadas, que son de uso corriente en el «paraíso» franquista, ni que puedan pronunciarse sentencias que pueden ser allí legales, pero que aparecen como rigurosamente injustas más allá de las fronteras del territorio español. La República es el orden; pero el orden republicano no se impone por la fuerza, es el fruto del consenso de los ciudadanos e impide y, en caso de infracción, sanciona, los excesos de autoridad. La República implica la realización de la justicia social en todos sus aspectos. Y en nuestro país la República es, además, la única forma de convivencia posible entre los pueblos y regiones de España, cuya existencia reconoce nuestra Constitución, mientras que la Ley Orgánica del Estado los ignora y Don Juan Carlos de Borbón los desconoce como base de posibles entidades jurídicas, según dijo en públicas y recientes declaraciones.

 

Ésos son, en resumido esquema, nuestros propósitos inmediatos: ésas, nuestras irrenunciables aspiraciones, a cuyo logro consagraremos los años que nos queden, como hemos consagrado la mayor y mejor parte de los de nuestra vida. Y si se cae en la lucha, ¡no importa!, otros pugnarán por le triunfo de esos mismos ideales; los hombres y mujeres de las nuevas generaciones, continuadores del pensamiento progresista español, a los que corresponderá la honrosa tarea de regir, en un futuro próximo, los destinos de la República y de asegurar con ella una larga era de Libertad, de Justicia y de Paz.

 

 

 

 

París, 11 de febrero de 1974

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ecorepublicano.es/2024/02/jose-maldonado-discurso-exilio-paris-1974.html