Voluntarios de «Recuperación de la memoria histórica», trabajando en una fosa de Guadalajara
Familiares de víctimas de la Guerra Civil y represaliados afrontan con impotencia la derogación de leyes de memoria democrática en regiones gobernadas por PP y Vox: «En España no se hace nada para dignificar a nuestros muertos».
Decía Miguel Hernández, uno de los símbolos de la generación del 27 y encarcelado por el franquismo en la posguerra hasta fallecer en 1942, que «quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será un vencedor, será un vencido lento». En España, en pleno 2024, centenares de personas se niegan a ser vencidos por el olvido. Y también que sus antepasados, muchos todavía sepultados bajo tierra en cunetas y fosas comunes, queden borrados de la memoria de una historia que les ha traicionado. Porque sus verdugos no han sido ajusticiados, porque sus restos no han sido recuperados, y porque su desgracia se sigue a día de hoy manoseando para reducirlo a una oportunidad política.
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de PP y Vox. No fue una sorpresa: la derogación de esta ley estaba incluida en el pacto suscrito el año pasado entre ambos partidos para favorecer la investidura del popular Jorge Azcón y gobernar en coalición.
En Castilla y León, donde también gobiernan PP y Vox, se presentó la pasada semana una proposición de ley de la «concordia» para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica. Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Transición, equipara a las víctimas de este periodo histórico y suprime la palabra «dictadura» para referirse únicamente como franquismo al periodo histórico comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
Los mismos pasos sigue la Comunidad Valenciana, también bajo poder de la derecha. PP y Vox presentaron una proposición de ley de la «concordia» que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria aprobada en 2017 por la izquierda y que, según Vox, eliminará los términos «guerracivilistas» y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
Todas las regiones de España excepto Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha tienen leyes de memoria propias y, más allá de los casos ya explicados de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, también hay riesgo de que estas normas sean eliminadas en Baleares y Cantabria por iniciativas legislativas de la derecha y la ultraderecha.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha salido en tromba a criticar esta posición de PP y Vox y ha asegurado que llevará hasta las Naciones Unidas, al Parlamento europeo y al Consejo de Europa esta ofensiva contra las leyes de memoria autonómicas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señaló por su parte que el Ejecutivo incluirá «de oficio» en la Ley Estatal de Memoria democrática todo lo que los gobiernos autonómicos del PP y Vox eliminen de sus leyes.
Trabajos de exhumación en Colmenar Viejo, en Madrid
Lo cierto es que los familiares de víctimas y represaliados del franquismo no están sorprendidos por este nuevo atropello a su dolor. «Era algo que se podía esperar. Los diferentes gobiernos del PP no han hecho nada sobre memoria democrática estos años y lo que persiguen con estas leyes es lo mismo: que no se haga nada. Pretenden congelar el proceso de recuperación de la memoria y no tocar monumentos o calles dedicados a franquistas para que el régimen se mantenga simbólicamente hasta donde ha llegado hoy», asegura Emilio Silva, sociólogo y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Su organización, con más de veinte años de vida, nació a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Ocurrió en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, en el mes de octubre del año 2000. Numerosas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de desaparecidos. Y por ello, un grupo de personas decidieron crear la Asociación para prestarles esa ayuda.
A partir de entonces, han llevado a cabo decenas de exhumaciones de fosas comunes por toda la geografía española. Y sin la ayuda de ninguna administración. «Nosotros pagamos los sueldos de los forenses y atendemos a las familias que nos piden ayuda sin recibir ni un euro público», se queja.
Emilio forma parte de una de esas familias golpeadas por el horror de la guerra y la represión. «Yo fui educado por un hombre que a los diez años tuvo que dejar el colegio porque su padre estuvo en una cuneta durante 64 años. Hay muchas personas que han muerto esperando a encontrar a sus seres queridos. Es muy fácil para un gobierno decir que va a mandar 50 forenses a Ucrania, pero aquí en España no se hace nada para dignificar a nuestros muertos», asegura.
Trabajos de exhumación en Colmenar Viejo, en Madrid
Isabel Fernández, presidenta del Foro por la Memoria valle del Tiétar y La Vera, todavía mantiene la esperanza de poder recuperar algún día los restos de su abuelo. «Lo raptaron en su casa, le llevaron a la cárcel y luego le fusilaron. La finca donde le mataron pertenece ahora a un juez, que nos niega la entrada para poder excavar. Trabajamos en unas tierras próximas, para ver si dábamos con algunos restos. Pero nada. Y todo bajo la vigilancia de la Guardia Civil, como si fuéramos delincuentes», cuenta.
En una entrevista telefónica con El HuffPost, Isabel lamenta que todos aquellos que a día de hoy siguen peleando por encontrar a sus familiares y reivindicar su memoria son vistos como «peligrosos». «Te dicen que estás removiendo el pasado y buscando el conflicto. No hay empatía hacia nosotros. Llevamos desde el año 2000 abriendo fosas, denunciado monumentos franquistas y haciendo un trabajo que depende sólo de nosotros. Por parte de los gobiernos nunca nadie nos ha ayudado. Al revés, cada día encontramos más impedimentos. Sentimos una impotencia grande y mucha desmoralización», se lamenta.
Leyes que son papel mojado
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 una ley de memoria histórica donde se reconocían y se ampliaban los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Un logro histórico que, sin embargo, asociaciones como las de Emilio y Laura critican al no satisfacer importantes demandas como investigar los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos durante la represión franquista, mantener la impunidad marcada por la Ley de Amnistía del año 1977 o establecer un procedimiento para declarar la nulidad de las sentencias condenatorias de republicanos.
El gobierno de Rajoy derogó de facto dicha norma en 2013 al dejarla sin dotación presupuestaria y en 2022, ya con Pedro Sánchez como presidente, se aprobó una ley de memoria democrática para mantener la memoria de las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista, a través de iniciativas como la creación de un Censo de Víctimas o la retirada de símbolos de la dictadura.
Una ley que, sin embargo, no se cumple a rajatabla. «A unos metros del Palacio de la Moncloa hay un arco que celebra la victoria de Franco, Hitler y Mussolini. ¿A nadie le ha molestado eso? Hay una ley y se está prevaricando porque, a día de hoy, siguen existiendo monumentos y calles dedicados al franquismo. Yo he pedido al portal de transparencia el dato de cuántas sanciones se han puesto por infringir esta ley y el número es ‘cero’. ¿Por qué se redactan leyes para luego incumplirlas? ¿Por qué Franco está enterrado todavía en un lugar que yo pago con mis impuestos? Cuando el ministro Albares habla de los derechos de las víctimas, ¿tienen ellas obligación de sufragar la tumba de Franco? ¿Qué diríamos si familiares víctimas de ETA tuvieran que pagar las tumbas de sus asesinos?», se pregunta Silva.
Una foto de una víctima del franquismo
Para el sociólogo, la bronca política en torno a la memoria democrática entre PSOE, PP y Vox es sólo una «forma de trilerismo» para no reparar nunca judicialmente a las víctimas del franquismo. «Desde que Sánchez llegó al Gobierno, la memoria histórica ha estado en tres ministerios diferentes. Primero en Justicia porque se iba a elaborar una ley estatal e interesaba entonces un debate de cara a unas generales. Después la tuvo Bolaños como ministro de la presidencia y ahora está en Política Territorial porque la disputa política se da en territorio autonómico. Es incomprensible que las políticas de memoria democrática bailen de un ministerio a otro mientras todo lo relativo a las víctimas de terrorismo ha sido siempre competencia de Interior. Pero es que nunca se habla de justicia o que se investigue lo que ocurrió. Tampoco de condenas o indemnizaciones. Ese debate no es real. Ni la izquierda ni la derecha quiere dar derechos de verdad a las víctimas, porque la mejor política de memoria la hacen los jueces. Aquí, en Argentina o en Chile. De hecho, España sigue siendo el único país del mundo que se enfrenta como estado democrático a un problema tan grave como la desaparición forzada de miles de civiles sin crear un organismo físico donde las víctimas puedan entrar a ser atendidas y cuidadas por el gobierno», añade.
«La historia no es como la cuentan PP y Vox»
Entre los objetivos de la Ley de Memoria Democrática ahora en vigor también está el de fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España. Algo que, según los familiares de víctimas del franquismo, no sucede en los colegios e institutos. «Mis hijos jamás estudiaron sobre la República. Y hay muchos que no tienen idea de nada de lo que pasó en España hace ochenta años. No saben casi ni quién era Franco. Porque a a las víctimas del franquismo se nos considera gente de segunda. A las víctimas del terrorismo se le homenajea. A nosotros, no. Lo que todo el mundo quiere es que esta etapa de España se olvide», denuncia Isabel.
«Es una vergüenza que el siglo XX en España no sea una asignatura obligatoria en 4º de la ESO», dice Silva. «Y los contenidos que hay en la guerra Civil sobre los libros de texto son de llorar. Mi abuelo que ha estado en una cuneta durante sesenta años defendía una democracia, no una república soviética. Pero todos los partidos han aceptado la impunidad y las narrativas políticas de la élites franquistas de este país», añade.
El reputado historiador Ángel Viñas también critica esa visión de la historia que asegura que el golpe franquista se debió a un intento de frenar el comunismo en España. «Es una falacia. Pero como a la derecha eso no le gusta y va contra sus intereses, no tienen inconveniente en proyectar sus batallitas y sus condicionantes ideológicos en el pasado para justificar sus acciones del presente. Como historiador, me dan ganas de llorar al ver que hay dos partidos y un gran sector de la sociedad española que son incapaces en 2024 de reconciliarse con la historia. Porque la historia no es como la cuentan ellos», explica en conversación telefónica con El HuffPost desde Bruselas.
Hernán, sin esperanza de encontrar algún día a su bisabuelo
Una mujer porta el retrato de su padre, fusilado en 1939
Ante la inacción y el olvido de la clase política, o el intento de manipulación de la historia orquestada por las fuerzas de la derecha, asociaciones como las de Emilio Silva o Isabel Fernández intentan con sus escasos medios que el tiempo no acabe borrando la memoria de todo un país. La ARMH, por ejemplo, ofrece en su web un proyecto educativo – «Aulas con memoria» – dedicado a maestros que quieran enseñar a alumnos sobre la República y la Guerra Civil.
Y también hay ciudadanos ‘anónimos’ que aportan su granito de arena para ayudar a las familias que siguen buscando con esperanza a sus seres queridos. Es el caso de Hernán Fernández-Barriales, un ingeniero químico al que le bastó un simple curso de programación durante el confinamiento para crear el mayor buscador de represaliados de la Guerra Civil. En su web – buscar.combatientes.es – cualquier persona puede introducir los datos personales de una víctima o represaliado por el franquismo y acceder a toda la documentación existente. Un arduo trabajo que ya suma más de seis millones de nombres en su archivo y que recibe cada día una media de 2.000 visitas.
«Al padre de mi abuela materna lo fusilaron en 1941 en Mérida por haber pertenecido al consejo municipal de su pueblo. Y el padre de mi abuela paterna estuvo encarcelado cuatro años en Ourense por ser miembro del partido socialista en Mieres. Cuando me interesé un poco por la historia familiar y empecé a investigar sobre ellos, me encontré con las misma dificultades que tiene la gente para saber qué pasó con sus seres queridos durante la Guerra Civil y la represión. Por eso comencé este proyecto y, a día de hoy, sigo añadiendo con ayuda de otras personas más datos a la base y respondo a las peticiones de información que me envían los usuarios que entran en la página», asegura Hernán.
El joven, de 34 años, lamenta que el Estado no disponga de un registro online como el suyo para facilitar en esas labores de búsqueda. «A mí me cuesta 60 euros al año el alojamiento de la web. Así que no es un tema de recursos, sino una falta de voluntad o de conocimiento por desconocer lo mucho que ayudaría a la gente una herramienta pública de este tipo», sugiere.
El bisabuelo de Hernán sigue a día de hoy enterrado en una fosa común de un cementerio de Mérida, pero ya no tiene «esperanza» de poder recuperar sus restos. «Es triste que, tanto tiempo después, todavía se ponga en duda lo que pasó en la Guerra Civil por parte de gobiernos de PP y Vox. Me parece lamentable. No sé si se creen de verdad todo lo que dicen o lo hacen para ganar votos, pero duele«, concluye.
Por Javier Escartín.
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